Desde el 2020 se ha denunciado la quema de ocho entables paneleros en Riosucio y Supía.

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Desde el 2020 se ha denunciado la quema de ocho entables paneleros en Riosucio y Supía.

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LA PATRIA | MANIZALES

Las amenazas y un atentado contra dos firmantes del Acuerdo de Paz en zona rural de Riosucio durante este mes, así como la presencia de desconocidos que portan armas de fuego, causaron preocupación.

La denuncia la realizó Esteban Tapasco Trejos, líder de Reincorporación en Caldas, quien dice que los hechos se presentaron durante la primera semana de diciembre y el sábado pasado.

Sin embargo, los problemas no son nuevos, pues explicó que desde el año pasado hay alteración a la tranquilidad y la preocupación es latente por la presión psicológica y una fuerte estigmatización.

El primer hecho ocurrió en Portachuelo, en Cañamomo Lomaprieta, hasta donde llegaron desconocidos preguntando por un firmante, pero por su seudónimo. La gente alertó la situación y cuando se pretendía indagar quiénes eran, estos partieron con rumbo desconocido. La queja se transmitió a Fiscalía y Policía.

Luego, el 23 de diciembre, a las 3:30 de la mañana, unos sujetos intentaron forzar la puerta de la vivienda de otro reincorporado y, al no lograr su objetivo, atacaron a bala la fachada. Esto ocurrió en Aguas Claras, en San Lorenzo, y tras el hecho tuvieron que sacarlo de la zona.

De acuerdo con Tapasco Trejos, la víctima en este segundo caso hace parte de la Cooperativa Multiactiva por la Paz y cumple con labores de búsqueda y recuperación de personas dadas por desaparecidas, como parte de su compromiso como firmante. Ya había recibido amenazas en otras ocasiones.

Más pedagogía

Posterior a este hecho, las autoridades reaccionaron con inmediatez, aunque el líder criticó que se está minimizando el problema de orden público, niegan presencia de grupos armados ilegales y hay zozobra en la zona rural de Riosucio, especialmente porque no se han tomado acciones de protección.

“La seguridad no debe reflejarse solo en escoltas y carros, sino también en garantías reales en lo económico, social y familiar. En ese contexto nos hemos mantenido y entendemos que este tipo de protección no garantiza nada”, reclamó Tapasco Trejos.

Tras siete años de la firma del Acuerdo de Paz, cree que sigue faltando pedagogía con la población porque no hay difusión de la información que permita entender para qué se llevó a cabo esto, la sociedad cree que no es vinculante.

Denuncia ante la JEP

En la pasada audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que emitió la JEP sobre cementerios de Riosucio y Supía, se denunció la presencia de sujetos armados, así como la quema de los trapiches, vitales para la economía de las familias campesinas.