Andrés Felipe Aristizábal (arriba), Jhónatan Manuel Vásquez, Gloria Raigosa (arriba) y Diana Agudelo.

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Andrés Felipe Aristizábal (arriba), Jhónatan Manuel Vásquez, Gloria Raigosa (arriba) y Diana Agudelo.

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LA PATRIA | Manizales

Un nuevo aplazamiento, el tercero en cinco meses, se dio en la audiencia de verificación de allanamiento a cargos que se efectuaría ayer para el exalcalde de Villamaría Andrés Felipe Aristizábal, la de Alcalá Gloria Raigosa; el de La Merced Jhónatan Manuel Vásquez y la exsecretaria de Planeación de este último municipio Diana Agudelo.

Ellos, involucrados en el escándalo de corrupción conocido como Las Marionetas, aceptaron cargos desde control de garantías y con penas entre 50 y 53 meses y 15 días. Llevan 17 meses gozando de detención domiciliaria. La decisión se verificaría por un juzgado de Manizales y quedó para el 27 de mayo.

Un abogado sostuvo que el tiempo que estas personas permanezcan detenidas en sus residencias y también laboren podría servir para una redención de pena. Sin embargo, para gozar de una libertad condicional debería primero aprobarse un preacuerdo y que exista una sentencia ejecutoriada.

Esto pasó ayer

  • El abogado de víctimas (Villamaría) dijo que ahora es funcionario público y renunció. El nuevo defensor expresó que apenas recibió poder el viernes y no conoce el proceso.
  • El abogado de la exalcaldesa de Alcalá explicó que su defendida dio a luz el 21 de diciembre anterior y tiene licencia de maternidad de 126 días.
  • El defensor de Aristizábal manifestó que la esposa del exalcalde inició trabajo de parto el 5 de enero y que tiene vigente la licencia de paternidad, por lo que no podía acudir ayer, dado que debe estar pendiente de ella. Este argumento recibió el rechazo de las partes.
  • El defensor del exmandatario de La Merced contó que apenas desde el 9 de enero tiene poder para asesorarlo, no conoce bien el proceso, ni ha recibido los elementos de prueba. Vásquez había anunciado desde el año pasado que él sería su nuevo abogado.
  • La Alcaldía de La Merced apenas le notificó el sábado al Juzgado que está impedida para nombrar abogado de víctima, por conflicto de intereses, al ser la nueva alcaldesa, Yeni Fernanda Henao, la esposa del procesado. El juez dijo que desde octubre del año pasado sabía que había ganado y debió prever eso.
  • El abogado de las entidades nacionales que son víctimas reiteró que no comparte que esas sustituciones de poder se hagan al límite de las fechas de las audiencias. "No se puede dilatar más".