Una reforma que sea equilibrada

El paso hacia una mayor financiación estatal de las campañas es vital, pues es la única manera de ponerle freno a la triste situación de que no sean elegidos los más capaces, sino los que más dinero invierten.

El Gobierno Nacional y los distintos movimientos políticos con representación en el Congreso de la República se disponen a comenzar una discusión a fondo alrededor de una reforma política que introduzca cambios profundos y que fortalezca la democracia a futuro. Entre los puntos clave está la eliminación de la figura de la reelección, el fin del voto preferente y una mayor financiación estatal de las campañas. Lo sustancial será garantizar el equilibrio de poderes, que es el nombre que ha tomado el proyecto.

Es positivo que para impulsar esta iniciativa en el seno del Congreso se estén buscando acuerdos previos con los diferentes sectores políticos, incluidos los que se encuentran en la oposición, ya que el resultado de las discusiones no puede ser ni más ni menos que las reglas de juego en las que todos estén de acuerdo, como prenda de garantía de que se impondrá la transparencia y el juego limpio en las campañas políticas, ya que el país está urgido de dejar atrás prácticas malsanas que debilitan la democracia.

Frente al tema de la reelección parece haber consenso en el sentido de que ha sido un error histórico de la política colombiana, y que produce más problemas que beneficios, sobre todo en lo que tiene que ver con la preeminencia del poder Ejecutivo sobre los demás, situación que pervierte el marco institucional y que genera confrontaciones innecesarias, además de privilegiar al mandatario de turno para que use el aparato gubernamental a su favor.

En esto también se debe avanzar en hacer claridad en que ningún otro dignatario del Estado, como el Procurador, podrá ser reelegido; y que además no sean los congresistas, a los cuales debe vigilar ese funcionario, los que tengan la potestad de su escogencia. Resulta básico, así mismo, que se les quite, de una vez por todas, las funciones electorales a las altas Cortes, con el propósito de ponerle fin a esa práctica de puerta giratoria y pago de favores entre magistrados que ha ocasionado tantos líos.

El fin del voto preferente también es fundamental, no solo como una herramienta para darle más fuerza a los partidos políticos y acabar con los personalismos insanos, sino que esa decisión también podría allanar el camino hacia la búsqueda de una fórmula en la que cada departamento tenga, como mínimo, un senador de la República. La actual concentración de senadores en algunas regiones genera enormes desequilibrios y castiga, generalmente, a los departamentos más pobres. De todos modos, también debe buscarse equilibrio frente a la circunscripción nacional, para que los senadores que logran llegar impulsados por el voto de opinión en todo Colombia puedan hacerlo.

Así mismo, el paso hacia una mayor financiación estatal de las campañas es vital, pues es la única manera de ponerle freno a la triste situación de que no sean elegidos los más capaces, sino los que más dinero invierten. Ojalá, inclusive, toda la financiación fuera oficial y que los aspirantes tuvieran las mismas garantías, sin que las chequeras más gordas sean las que se impongan. Podría afirmarse que esta situación es la que más ha pervertido la política en Colombia y ha facilitado el ingreso de dineros ilícitos y el fortalecimiento de estructuras ilegales y mafiosas con influencia política.

En esta reforma, prevista para ser radicada la semana entrante en el Congreso, también se debe avanzar en la profundización de la democracia participativa que propone la Constitución Nacional, pero a la que todavía le falta desarrollar más y darle más herramientas de real ejecución. En el mismo sentido, es hora de comenzar a reflexionar en serio acerca de temas como los del voto obligatorio y el voto electrónico, como maneras de bajar los niveles de abstención y garantizar una mayor transparencia.