Después de varias reuniones entre los representantes de los mineros de Marmato (Caldas) y miembros de las autoridades departamentales y nacionales en materia ambiental y de minería, sigue en pie la orden de desalojo de las minas El Ceibal y El Palo, donde laboran desde hace un buen tiempo 52 personas de ese municipio del occidente caldense. Dicha orden se mantiene, debido a que el Gobierno Nacional le otorgó los títulos de explotación minera a la Gran Colombian Gold desde hace varios años, sin que esa empresa haya podido avanzar en sus proyectos.
Legalmente los poseedores de los títulos son los que tienen el derecho a usufructuarse de la actividad, y oponerse a ello no es más que una invitación a romper el orden legal y hacerle el juego a la minería ilegal. Ahora bien, hay un hecho cierto y es que bastantes familias marmateñas vienen desarrollando esta actividad de manera artesanal durante varias generaciones y esa condición les otorga derechos que tampoco pueden ser desconocidos, por lo que es necesario hallar soluciones que encuentren un justo medio, en el que ganen todos los involucrados.
Está demostrado que concentrarse en mirar solo el pasado, además de ser una posición romántica equivocada, no permitirá el desarrollo social y económico de las familias marmateñas, las cuales han visto cómo pasan las décadas sin que sus condiciones de vida mejoren, pese a su arduo trabajo de explotación del oro. La mejor salida para la región, bajo el propósito de ir mejorando la situación social y económica de quienes se dedican a la minería, es que sigan en esa actividad pero con las garantías laborales y de seguridad que deben ser afines con la modernidad.
Mes a mes lamentamos que los mineros sufran graves accidentes que, en muchas ocasiones, son responsables de las muertes de muchos de ellos, generalmente personas en plena edad productiva. Hemos hecho permanentes llamados para que cada vez haya mejores garantías para quienes se dedican a estas actividades, y la manera más expedita de lograrlo es ejercer la minería de manera formal, donde haya empresas que estén obligadas a cumplir con todas las normas laborales y de seguridad industrial para sus trabajadores. Insistir en los viejos modelos solo favorece a quienes ejercen la minería criminal, responsables hoy de tantos males en Colombia.
Llegó el momento de mirar hacia lo que debe ser el ideal de una minería bien ejecutada en el país, donde se respeten los derechos laborales de las personas que se dediquen a ella, y al mismo tiempo tales prácticas sean menos agresivas con el medioambiente. Hoy nuestros recursos naturales están en constante peligro, debido a que los ilegales no tienen escrúpulos en hacer graves daños, con tal de sacar el mayor provecho de unos recursos naturales que nos pertenece a todos los colombianos. Esos ilegales tampoco se preocupan mucho por darles la mínima seguridad industrial a los mineros, quienes deben entender que es más benéfico para todos trabajar con empresas que estén claramente reguladas por las normas estatales.
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Las posiciones radicales no caben en este momento. Es fundamental seguir en un proceso de concertación que permita avanzar hacia una mejor minería en Marmato, desde las perspectivas sociales y ambientales, pero también empresariales, y que todo el departamento se beneficie de unas mejores condiciones generales en una actividad que puede brindar bienestar para muchas familias caldenses, si se logran romper viejos paradigmas que solo condenarían a esa población a mantenerse anclada en un pasado negativo, sin posibilidades de proyectarse hacia un futuro mejor.
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