Una comisión con sentido

Ya está en manos del Congreso de la República la decisión acerca de la creación de una comisión especial que, desde el mismo seno del Congreso, se encargue de debatir los temas relacionados con los acuerdos que eventualmente se firmen en La Habana (Cuba), entre el Gobierno Nacional y las Farc, y a través de la cual se puedan agilizar todas las determinaciones que hagan viable y real el fin del conflicto armado y el arranque de un proceso de construcción de paz en toda Colombia.
El proyecto de acto legislativo que radicó el Gobierno esta semana también considera algunos mecanismos transitorios para que el Presidente de la República ponga en marcha, en menos de 90 días, los acuerdos, de tal manera que el tiempo invertido en las negociaciones con las Farc no se pierda por culpa de las talanqueras jurídicas o de otro tipo que podrían aparecer. El propósito de la administración de Juan Manuel Santos es que el 16 de diciembre próximo, cuando concluyan los primeros cuatro debates, de ocho necesarios, esté muy madura esa iniciativa que permita que la paz que venga sea estable y duradera.
Nos parece con mucho sentido que allí se proponga que la nueva comisión legislativa resulte de reunir las comisiones encargadas de la paz en Senado y Cámara, agregando otros 12 miembros designados por las mesas directivas de esas corporaciones. El hecho de que no se proponga que las Farc tengan asiento en ese organismo es sano, y debería ayudar a que su creación se apruebe sin mayor oposición. De todos modos, hay que considerar que la única forma en la que los subversivos pudieran llegar a ese lugar tendría que ser porque hayan dejado previamente sus armas.
Si los colombianos, realmente, queremos la paz es necesario ayudar para que ello ocurra, sin oponernos irracionalmente a un proyecto que tiene, a nuestro juicio, toda la lógica. No creemos que lo presentado se extralimite de lo que debe hacer un Jefe de Estado en una situación como esta, vemos que solo se busca agilizar el proceso. En lo que sí es fundamental el trabajo de la oposición, como es el caso del sector uribista, es que permanezca alerta para que, de manera democrática, sugiera ajustes que permitan que los resultados de las conversaciones sean lo más positivos para todos los colombianos.
Además, si el Gobierno ya aclaró que esto no remplaza la refrendación de los acuerdos por el pueblo, como se dijo desde un principio, desde todos los sectores de la sociedad y la política colombiana lo que debe hacerse es estar vigilantes de que se garantice una participación democrática de los ciudadanos, para manifestar su deseo de respaldar o no los pactos que se alcancen con la guerrilla. Además de los opositores al Gobierno, las Farc también deben ser las más comprometidas con esta idea de consultar a la gente, ya que un resultado positivo le daría una enorme legitimidad a lo que quede plasmado en los acuerdos.

Desde los sectores más radicales de la izquierda y la derecha colombianas debe entenderse que si imaginamos un país futuro en el que reine la democracia, sin que actores armados de ningún lado traten de imponer sus caprichos por la fuerza, sino que las decisiones libres de la ciudadanía lleven debates fuertes y apasionados, si se quiere, pero sin acudir a la violencia, deben brindarse todas las condiciones para que participen en forma civilizada, acogiéndose a las leyes, quienes en algún momento se equivocaron y tomaron las armas, pero que ahora buscan comprometerse a no hacerle más daño a nuestra Colombia.