La idea del Gobierno es que antes del próximo 23 de marzo, como fue el compromiso con las Farc en La Habana (Cuba), en septiembre pasado, se firme el fin del conflicto armado, con lo que seguirán los pasos de dejación de armas y refrendación de los acuerdos. El presidente Juan Manuel Santos aspira a que dicha refrendación se haga entre mayo y junio del 2016 a través de un plebiscito, herramienta que allana la posibilidad de que los resultados de las negociaciones puedan entrar en inmediata aplicación.
Para el mandatario es claro que no es viable realizar una asamblea constituyente, como extrañamente lo piden las Farc y el uribismo al unísono. Resulta evidente que son enormes los riesgos de usar este camino, ya que todo el tiempo gastado en las negociaciones de La Habana podría perderse de un solo brochazo, y dicha asamblea podría excederse en las atribuciones que, eventualmente, se le entreguen, y en lugar de alcanzar el propósito de la paz podrían profundizarse las polarizaciones políticas hasta límites peligrosos.
Creemos que lo mejor para Colombia es que, ya que se han logrado avances significativos en esas negociaciones y que los puntos más difíciles, correspondientes a los temas de justicia, reparación a víctimas y compromiso de no repetición, van encontrando cauce, hay que hacer todos los esfuerzos para que esos acuerdos se puedan reconfirmar de una manera ágil y sencilla, para lo cual un plebiscito resulta muy práctico al contener una sola propuesta que se aprueba o rechaza. Hacerlo de otra manera sería echar por la borda por anticipado el proceso de paz. También es acertado ajustar su umbral en el 13% del censo electoral, pues de otra manera sería matar la posibilidad de la paz.
Así las cosas, los acuerdos con las Farc tendrían que ser aprobados por un mínimo de 4 millones 397 mil ciudadanos, lo que nos parece una cifra razonable y representativa, de tal forma que se pueda lograr un final exitoso de estas difíciles conversaciones, y darle toda la confianza a los colombianos para seguir el camino de la salida pacífica del conflicto con el Eln, organización con la cual ha sido particularmente difícil comenzar la etapa formal de los acuerdos, pero que una vez terminado el conflicto con las Farc, ojalá antes del 23 de marzo del 2016, como está previsto, podría hacerse una negociación más rápida.
Vemos con enorme satisfacción que cada vez se siente un mayor respaldo internacional al proceso, evidenciado por la llegada de un delegado de la Unión Europea, que se suma a los muchos más de varias partes del mundo que acompañan ahora las negociaciones. Por eso, resulta clave que los cambios a la figura del plebiscito estén aprobados al momento del cierre de las sesiones del Congreso, a mediados de diciembre próximo, y así quede en manos de la Corte Constitucional, para que avale su legalidad.
Ahora bien, el Gobierno Nacional está en la obligación de desarrollar una gran estrategia pedagógica acerca de lo que se está acordando en La Habana, a todo lo largo y ancho del país, con el objetivo de que las personas, en su momento, asistan a las urnas con criterios claros acerca de su voto positivo o negativo frente a los resultados del proceso de paz con las Farc. La legitimidad de la refrendación que se haga tiene que estar acompañada por la plena consciencia de sus consecuencias, porque una vez aprobado, cada colombiano deberá convertirse en veedor para que todo lo contenido en esos acuerdos se cumpla con rigor.
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