Tierras sagradas

En un episodio inusitado en la historia de Colombia, un grupo de indígenas de la etnia Nasa expulsó el pasado martes del cerro La Torre, en el municipio de Toribío (Cauca), a cerca de 100 soldados del Ejército Nacional, con el argumento de que no quieren más guerra en sus territorios. Ayer la tensión se mantenía, e incluso miembros de la guardia indígena, armados con bastones, hostigaban a otros uniformados en el resguardo La Laguna, acusándolos de ser los autores de la muerte de un integrante de esa comunidad, quien no habría atendido un pare en un retén del Ejército en el municipio de Caldono.

Con el paso de los días, desde cuando las Farc perpetraron varios ataques en la zona, hace más de una semana, el panorama se ha tornado de castaño a oscuro. Primero fue el desplante de los líderes indígenas al presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien visitó la región pero tuvo que devolverse sin haberse reunido con los representantes de la comunidad. Luego vinieron las advertencias a las Fuerzas Militares de que serían desalojadas de la zona, y posteriormente la expulsión real en Toribío, donde los indígenas sacaron hasta cargados a los soldados, en un acto de humillación que no se había visto.

Los líderes indígenas afirman que las suyas son tierras sagradas, en las que no debe hacer presencia ningún actor del conflicto armado, y que están cansados de la guerra en todo ese sector del Cauca, donde además de las Farc confluyen fenómenos de violencia paramilitar, las Bacrim y narcotraficantes que aprovechan las condiciones ambientales y topográficas de ese sector de la Costa Pacífica para sacar cargamentos de drogas hacia Centroamérica y los Estados Unidos.

Es verdad que las culturas indígenas deben ser protegidas y que el ideal es que sus territorios no sean presas de hechos de sangre que atenten contra sus miembros, pero dicha situación no justifica que irrespeten a las Fuerzas Militares, que por mandato constitucional, que está por encima de la existencia legal de los resguardos, tienen el deber de hacer respetar como sagrado cada centímetro de tierra colombiana, por lo que no es tolerable que las regiones habitadas por indígenas puedan ser consideradas repúblicas independientes.

Además, el Estado colombiano, que lo conformamos todos y cada uno de los nacidos en este país, es el que aporta a las comunidades indígenas recursos con los cuales se sostienen sus tradiciones. Se trata de 755 resguardos que cubren el 27,3% del territorio nacional, de acuerdo con estadísticas de Planeación Nacional, y que reciben el 0,51% de las asignaciones del Sistema General de Participaciones (SGP), es decir, unos $121.637 millones anuales, de los cuales $26.517 millones están dirigidos a las etnias del Cauca, según el Ministerio de Hacienda.

De todos modos, así no recibieran dinero del Estado, los indígenas deben entender que el Gobierno puede estar en cualquier parte del territorio y que para las Fuerzas Militares no existen territorios vedados, al tener la obligación de defender la soberanía nacional de actores locales o extranjeros que irrespeten las normas nacionales. Que su presencia en el Cauca solo obedece a su deber de defender a la población civil y que, infortunadamente, grupos como las Farc aprovechan las circunstancias para poner a los indígenas como escudo, con lo que se hacen muy vulnerables.

El Gobierno y las Fuerzas Militares también deben entender que la fuerza no es una buena herramienta para convertir a las comunidades en aliadas, sino que es necesario que haya relaciones armónicas y mutuo respeto para que, finalmente, los criminales puedan ser derrotados. Sin abandonar las tierras del Cauca, el Gobierno y los indígenas deben limar asperezas y trazar una estrategia en la que las comunidades se sientan realmente protegidas por el Estado, y a su vez las Fuerzas Militares sean apoyadas para evitar nuevas incursiones guerrilleras en las que la gran perdedora es la población civil.