Superintendencia con pantalones

La noticia acerca de un presunto cartel empresarial para manipular los precios de los pañales desechables y copar el mercado colombiano demuestra una vez más la fragilidad de las protecciones con las que contamos los consumidores en este país. Hoy se sabe que vienen con esta práctica desde hace más de una década y que habría organizaciones con estructuras similares en otros productos de consumo masivo, lo que realmente se configura en un crimen frente a los empobrecidos bolsillos de miles de colombianos.

Por fortuna, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), liderada por Pablo Felipe Robledo, avanzó en las pesquisas y logró reunir tal cúmulo de pruebas que pudo formular pliego de cargos en contra de cinco empresas productoras y comercializadoras de pañales, que a partir del año 2000 aumentaron artificialmente los precios, además de haber acordado criterios de calidad y formas de comercialización, con el fin de asegurar jugosas ganancias. Unas 44 personas, entre directivos y empleados de esas compañías, serán investigadas.
 

Hay que anotar que fue posible conocer esa situación gracias al Programa de Beneficios por Colaboración que, desde hace poco tiempo existe en la legislación colombiana. Hoy se cuenta con cientos de correos electrónicos, documentos, testimonios y declaraciones juramentadas que servirán de sustento para hallar a los culpables. Los delatores, como ocurre en otros países, podrán acceder a beneficios jurídicos y evitar sanciones económicas. Una buena herramienta que puede usarse para desarticular estructuras corruptas en el sector privado, que se sustenta en el artículo 14 de la Ley 1340 del 2009 y el Decreto 2896 del 2010.
Hay que tomar en cuenta que el mercado de los pañales en Colombia ha movido en los últimos 15 años cerca de $7 billones, de acuerdo con cálculos de la misma SIC. Con determinaciones como esta, los consumidores en el país comienzan a sentir que hay una entidad que, de verdad, los protege, que vela por los intereses de la mayoría, y que está dispuesta a tomar decisiones duras, demostrando que tiene pantalones. Las multas podrían ascender a unos 100 mil salarios mínimos legales vigentes, unos $61 mil 600 millones, para cada una de las empresas involucradas, más las sanciones para las personas naturales que resulten culpables.

A raíz de esta situación, han surgido grupos ciudadanos que incluso promueven regresar al uso de los pañales de tela, con el fin de garantizar que haya un castigo real en contra de las empresas cartelizadas, pero, debido a que hoy ya está bien cimentada la cultura del pañal desechable, será muy complejo que peguen iniciativas de protesta como la mencionada. Ahora bien, lo sucedido podría encajar en las prácticas de mal servicio, por las cuales según datos de McKinsey y American Management Association (AMA), el 68% de los clientes abandona su relación comercial con una empresa. Habrá que ver qué ocurre.
Lo claro es que hemos visto actuar a la SIC frente a otras empresas que antes eran intocables, como las aerolíneas, que en varios casos ya han sido sancionadas por desconocer el derecho de retracto de los consumidores. Eso se refleja en cifras contantes y sonantes: En el año 2009 la SIC impuso sanciones por $7.200 millones, mientras que en el 2010 saltó a $26.700 millones, en el 2011 a $73 mil millones, en el 2012 a $85 mil millones y el año pasado se llegó a $217 mil millones. Todo indica que en el 2014 se alcanzará un nuevo récord.

El Gobierno Nacional tiene el deber de seguir apoyando con fuerza las acciones de las superintendencias, que ojalá cuenten en su cabeza con directores del talante de Robledo, para que cada vez los consumidores estemos más protegidos. Lo sucedido demuestra que solo se trata de hacer cumplir las leyes y no permitir más abusos.