Socavones de dolor

Cuántos mineros muertos se necesitan para que, por fin, se adopten las medidas que son urgentes en Marmato, con el fin de tener una minería más segura? La muerte de Fabio Nelson Parra, de 30 años, y de Juan David Betancourt, de 29, el pasado miércoles, lleva a que se completen este año 11 muertos en las minas de ese municipio, debido a los múltiples riesgos que ofrece una explotación minera que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad industrial. Los heridos ya son más de dos decenas. 
Es cierto que se anunció que próximamente se establecerá allí una estación de Salvamento Minero, en el sector del Llano, de acuerdo con un proyecto de la Agencia Nacional de Minería que comenzaría a funcionar el año entrante. Sin embargo, al ritmo que va, con un promedio de más de un minero que pierde la vida cada mes, al final del año se podría ampliar la ya exagerada cifra de personas muertas en esta actividad, debido a las precarias condiciones en las que ejercen su trabajo en los socavones. Para solo dar una muestra de la gravedad del problema, podemos recordar que un censo de 2012 estableció que hay unas 500 minas auríferas, de las que el 97% no cuenta con pozos sépticos y ninguna tiene sistemas de ventilación adecuados. 
Si se hace un paneo por las distintas causas de las muertes de los mineros este año, se observa tanta variedad que solo queda concluir con tristeza que quienes siguen ejerciendo ese oficio en las entrañas de las montañas, en ese municipio del occidente caldense, son realmente sobrevivientes de una labor que, pese a los permanentes llamados a solucionar esa anarquía de riesgo que se lleva por delante tantas vidas, no halla determinaciones tajantes que frenen de una vez por todas esa pésima racha. 
La manipulación de explosivos ilegales, las condiciones inestables de los terrenos, la poca ventilación en las profundidades, el transporte del material explotado y accidentes provocados por gases tóxicos son, entre otras las razones que han llevado a la pérdida de vidas. Por eso, resulta imperativo que esta actividad se modernice y que cuente con protocolos que mitiguen los peligros. No podemos seguir con prácticas inseguras que solo llevan dolor a los hogares de los mineros. Hoy cerca de 3 mil personas se exponen cada día a morir en medio de condiciones precarias de trabajo. 
En Marmato más que minas tenemos trampas mortales en las que se convive con riesgos extremos. El Estado no puede seguir indiferente ante lo que allí pasa y debe ejecutar tareas de control que lleven a que prevalezca la vida, sobre la posibilidad de los supuestos beneficios económicos. La minería ilegal tiene que ser perseguida con toda la fuerza e inclusive llevar a sus promotores a la cárcel, y en lo relativo a las prácticas artesanales hay que llevarlas a que se ajusten a las exigencias de seguridad mínima. La vida tiene que estar por encima de todo. 

Si fuera necesario cerrar minas esa determinación debe asumirse con firmeza, el Estado no puede darse el lujo de dudar. Hay que hacerlo de inmediato, y no solo castigando a las empresas mineras formales que, de pronto, caigan en alguna falla, sino principalmente enfilando baterías hacia quienes solo les interesa quedarse con la riqueza del subsuelo poniendo en riesgo la vida de miles de personas que son arrastradas a la minería ilegal. El Gobierno Nacional, desde las autoridades mineras y del medio ambiente, está en mora de avanzar en remedios de fondo. Por lo pronto, hay que acelerar la puesta en marcha de la estación de salvamento que seguimos esperando.