Se acerca la paz

Nada está acordado hasta que todo esté acordado ha sido la frase que mejor ha definido los alcances que podría tener un posible acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc, para ponerle fin al conflicto armado. Sin embargo, el anuncio de ayer, en el que se reafirma un compromiso para que se aplique a los subversivos desmovilizados, y a todos quienes han participado en el conflicto, una fórmula de justicia que sea acorde con los derechos de las víctimas y que contribuya a construir una paz estable y duradera, como se ha prometido, es un paso gigante que pone el proceso de paz más cerca de un final exitoso.

No menos importante es que se diga que antes del 23 de marzo del 2016 se estará firmando ese acuerdo definitivo con que tanto ha soñado el país. Quedará pendiente, 60 días después de esa firma, que las Farc dejen las armas y se puedan insertar en la vida social y política colombiana, bajo la protección del Estado. Desde luego que siempre será mejor tener a sus miembros expresando sus ideas, así no las compartamos, en un ejercicio civilizado de participación, que en las montañas generando más violencia.

En esto, es clave que funcione el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que se ha anunciado, y que las víctimas sean reparadas dignamente. Esto unido a la Jurisdicción Especial para la Paz que se encargará de juzgar a los guerrilleros de todos los niveles, conformada por una mayoría de magistrados colombianos, pero también con la participación de algunos extranjeros, tiene que garantizar que se obtenga la verdad, que se repare a las víctimas, que se castiguen los más graves delitos cometidos por los subversivos y que se garantice que no habrá impunidad.

Tiene que considerarse un gran logro que se haya acordado con los negociadores de las Farc que los delitos de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra como la toma de rehenes, el secuestro, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual, tendrán que ser investigados y juzgados con todo rigor. Esperamos que la manifestación de alias Timochenko, jefe de las Farc, de que están dispuestos a responder por sus actos sea sincera. También es significativo que estas reglas de juego sean aplicadas a todos los actores del conflicto armado, lo que supone condiciones de equidad.

Está claro que quienes confiesen delitos graves y se comprometan a no seguir delinquiendo, se les podrán aplicar penas de entre 5 años y 8 años de prisión, en condiciones especiales, y que aquellos que lo hagan de manera extemporánea o quienes, sencillamente, no lo hagan, pero que después resulten ser los responsables de esos graves delitos tendrán que pagar con penas de incluso 20 años en condiciones ordinarias. Así se estimula la llegada a la verdad y a que las víctimas ven reparados los crímenes que las afectaron.

Es acertado, además, que los beneficiarios se tengan que comprometer a contribuir con su resocialización a través del trabajo, la capacitación o el estudio durante el tiempo que permanezca en prisión. El país tiene así la oportunidad de avanzar de manera franca en la construcción de una nueva sociedad, en la que se pueda convivir de manera pacífica, y en la que los conflictos se puedan resolver sin tener que acudir a acciones de fuerza.

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Debemos recordar que hasta la fecha, como producto de las negociaciones en La Habana (Cuba), se han logrado acuerdos parciales para una reforma rural integral, para el establecimiento de un nuevo esquema de participación política y para aplicar soluciones al problema de las drogas ilícitas. Quedan todavía temas difíciles, por lo que no se puede cantar victoria. Debe seguirse avanzando con toda seriedad, cumpliendo las promesas de no cometer hechos violentos y así poder celebrar en el primer semestre del año entrante, el comienzo de la construcción de una verdadera paz.