Respeto al Marco Jurídico

Las Farc, en un nuevo desatino, rechazaron con términos exagerados el Marco Jurídico para la Paz, al que la Corte Constitucional le dio el aval respectivo en días pasados. Con esta herramienta legal se podrá regular la reinserción a la vida civil y política de los guerrilleros de esa agrupación subversiva, luego de que sea firmado un acuerdo para ponerle fin al conflicto armado y se dé una desmovilización. Pretender que los crímenes atroces que sus líderes han cometido puedan ser perdonados y permitirles participar en política, sin haber pagado por sus delitos de lesa humanidad, sería cerrarle todas las puertas a la posibilidad de paz.

Frente al Marco Jurídico aprobado el año pasado en el Congreso de la República, y que con el respaldo de la Corte quedó listo para ser aplicado, no puede considerarse ni siquiera la posibilidad de discutir de él asuntos mínimos en la mesa de La Habana (Cuba), como pretenden los dirigentes guerrilleros. Ellos tienen que entender que el Estado de Derecho de Colombia está por encima de cualquier pretensión suya de negociación, lo cual estuvo entre los presupuestos iniciales para sentarse a conversar con el Gobierno acerca de la posibilidad de ponerle punto final al conflicto.

No solo eso, esa organización guerrillera debería concientizarse de que el Derecho Internacional, en el que también están incluidos muchos convenios y tratados supranacionales que han sido suscritos por Colombia en distintas épocas, tampoco permite la impunidad que ellos quisieran. Además de reconocerse como victimarios, reparar a sus víctimas en la manera que establecen las normas y adquirir el compromiso de no volver a delinquir, los cabecillas de las Farc tienen que pagar, aunque sea en forma leve, por todos los crímenes cometidos por décadas. Una paz que no contemple este tipo de justicia sería una paz mal hecha, que solo serviría para calmar los ánimos por un tiempo, pero que los exacerbaría poco después.

Desde un comienzo las Farc aceptaron que una vez concluidas las negociaciones, lo acordado fuera expuesto a la sociedad colombiana, con el ánimo de que sea el mismo pueblo del que hablan sus líderes, el que refrende lo pactado y le dé toda la legitimidad que se necesita para que esa agrupación pueda participar en política. Si se llegara a un acuerdo donde no se garanticen las condiciones mínimas de castigo por sus crímenes y reparación a las víctimas la consulta a los colombianos no tendría más destino que el fracaso. Si se está invirtiendo tiempo para los acuerdos, semejante desgaste tiene que garantizar que lo pactado sea
realizable y sensato.

Es evidente que los diálogos del Gobierno y las Farc no son de igual a igual, sería una estupidez pensar así. Los guerrilleros tienen que aceptar que ellos son los que ejecutan acciones terroristas que producen víctimas inocentes, y que la generosidad de los colombianos les está permitiendo conversar para tratar de dejar atrás su dolorosa estela de muerte. Por eso no pueden aspirar a que se acuerde con ellos asuntos inherentes a la justicia con la que serán juzgados, así como tampoco el modelo económico y demás temas que solo le competen tramitar al Estado, usando las herramientas que da la democracia.

Declaraciones como la del jefe máximo de las Farc, alias Timochenko, en el sentido de que este año no se firmarán los acuerdos, lo único que hacen es minar las posibilidades de éxito, e ir en contravía de la voluntad de paz que tanto han pregonado, pero que poco practican.

Ahora bien, si se tiene en cuenta el trabajo que tendrá que desarrollar la llamada Comisión Histórica para elaborar la reconstrucción del conflicto, labor que está calculada para cuatro meses, no está fácil que los acuerdos se logren antes del 2015, pero la esperanza de los colombianos es que se agilice el proceso y no se trate de dilatar más, y que sobre todo la guerrilla no siga con su escalada de violencia que le resta tanta credibilidad a sus supuestas intenciones de alcanzar la paz.