Las nóminas paralelas, la contratitis, mantener el espejo retrovisor después de dos años y el exceso de protagonismo han puesto en el ojo del huracán la labor del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, quien llegó a ese cargo precedido de una hoja de vida con un recorrido importante como tratadista en derecho penal y abogado en esta materia. Los contratos para realizar estudios, cuyos resultados ponen en duda mismos funcionarios de la Fiscalía, y la cantidad de nombres vinculados de personas que tienen algún tipo de relación con el jefe del ente acusador hacen que los cuestionamientos se extiendan a posible pago de favores o manejo de relaciones públicas. Sea como sea, lo que está demostrado es el enorme poder que maneja este funcionario.
Este fin de semana, Montealegre salió a varios medios de comunicación a tratar de explicar sus actuaciones y a defender su gestión, dijo que los contratos obedecían a la necesidad de organizar la casa por cuenta de la desorganización que dejaron sus antecesores, como si esto fuera suficiente después de tres años al frente del cargo. No se tiene ninguna justificación para ello y muchos menos el acusar a periodistas que han denunciado y cuestionado contratos como los firmados con Natalia Springer, quien debe muchas explicaciones. El propio Alfonso Gómez Méndez, exfiscal quien actuaba como ministro de Justicia cuando se aprobó la reforma a la Fiscalía, sacó a la luz su inconformidad con la misma, pues generó un poder exorbitante para crear burocracia, y que por ello no la firmó, sino que lo hizo el viceministro de entonces, Miguel Samper, actual contratista de ese ente.
Resulta lamentable que esta entidad y su cabeza, estén enfrascados en estas situaciones, cuando de ellos depende buena parte de la efectividad de la política criminal del país. Su papel es necesario para la buena marcha de las investigaciones, para que estas avancen consolidadas y los jueces tengan herramientas suficientes para decidir. No obstante, se ha demostrado que el organismo anda enredado en vericuetos que no ayudan a mejorar la criminalidad en el país y que, por el contrario, opina de lo divino y lo humano, y es capaz de lanzar cortinas de humo tratar de enlodar a una reconocida actriz por un aborto asistido y recomendado por su médico. Así haya corregido a tiempo, es evidencia de la falta de proporciones que se tienen en ese organismo para determinar las prioridades.
Es hora de que en vez de salir a defenderse usando argumentos personalistas, el fiscal rinda cuentas precisas, contrato por contrato, ante la opinión pública. Si no lo hace y sigue respondiendo como perseguido terminará es aún más enredado. Se debe conocer en profundidad si se justifican estos millonarios pagos a terceros, pues mientras fiscales arriesgan sus vidas a salarios mucho menores que los que terminan ganando los contratistas con sus honorarios, estos ni se hacen responsables por los resultados del objeto del contrato y queda la sensación de que se desangra el presupuesto. ¿Con qué cara puede después cuestionar el fiscal la contratitis en otras entidades del Estado? Que se detalle toda esa nómina paralela, se muestren sus razones y se tomen medidas para que este desborde no continúe.
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