Ley 550: una salida prudente

Cuando las deudas del departamento de Caldas suman cerca de $190 mil millones y no hay el dinero suficiente para cubrirlas en los montos y plazos pactados, la mejor salida es buscar un mecanismo que ayude a financiarlas y que evite que los acreedores terminen embargando, lo que generaría un caos mayor. Por esa razón, la decisión de la Asamblea de aprobar que el Departamento ingrese a la Ley 550 es acertada. Una opción diferente habría sido caminar por la cuerda floja.

El gobernador Guido Echeverri Piedrahíta podrá sentarse ahora a negociar con los distintos acreedores, la mayoría bancos, entidades territoriales y pensionados, para establecer unas nuevas condiciones de pago y contar con el respaldo y monitoreo del Ministerio de Hacienda, y de esa manera garantizar que las cuentas en rojo comiencen a mejorar gradualmente, sin afectar los programas de inversión que están previstos en el Plan de Desarrollo. El año pasado ya se habían dado embargos por cerca de $14 mil millones, y eso era algo que había que contener.

Era mejor poner todas las cuentas sobre la mesa, lograr que las cifras quedaran claras para todos y, con total sinceridad, reestructurar los pasivos, ya que desde octubre del 2012 Caldas recibió el aval del Gobierno Nacional para usar ese mecanismo legal, cuya utilidad y beneficios han sido demostrados en otras instancias territoriales como la ciudad de Barranquilla, por ejemplo. Habrá que apretarse el cinturón, pero era la forma más prudente y sensata de buscar que en pocos años Caldas vuelva a tener un presupuesto saneado y fortalecido para la inversión.

Si bien el monto actual de las deudas sumaba unos $155 mil millones, lo neto a pagar se incrementa a $190 mil millones, debido a que los casos laborales y de pensiones deben recibir un 25% más de recursos, en estas circunstancias. Sobre estos casos el Departamento afronta cerca de 4.400 demandas, la mayoría de maestros que considera que fueron mal liquidados. En total son cerca de $58 mil millones de cuotas partes que debe aportar Caldas, luego de cruzar cuentas con otras entidades territoriales que también le deben al Departamento por el mismo concepto.

Se ha vendido la idea de que la Ley 550 es solo para entidades quebradas y que se pierde total autonomía en el manejo de las finanzas, al estar supervisados por el Ministerio de Hacienda, pero la verdad es que se trata de una excelente herramienta para organizar la casa y evitar que se siga deteriorando. Ahora bien, hay que comprender que el actual problema es producto de la acumulación de pasivos desde hace muchos años, cuando gobernadores anteriores no actuaron con la misma responsabilidad que hoy está mostrando Echeverri.

Viene ahora el reto de conseguir nuevos recursos en instancias nacionales e internacionales, para que el desarrollo de Caldas no se quede estancado, sino que aproveche el trampolín de la Ley 550 para ir por logros más altos. Si el actual mandatario recibe un concepto favorable del Consejo de Estado y puede continuar en el cargo, tendrá el desafío de demostrar que el nuevo paso le dará una mejor dinámica a los distintos proyectos que lidera la Gobernación, y sobre todo a los temas relacionados con la inversión social.

Un punto fundamental para mejorar los ingresos propios y fortalecer la estructura financiera del Departamento, es que ahora los diputados se dispongan a estudiar las modificaciones al Estatuto de Rentas, que sin golpear demasiado el bolsillo de los caldenses sí logre mejores recaudos. La idea es que entre todos, y con un claro liderazgo desde la Gobernación, se logre la mejora de los indicadores generales de desempeño, se alcance una situación financiera sostenible a futuro y se asegure un desarrollo armónico y creciente.