Salió la semana pasada el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, a lanzar casi un S.O.S. en queja pública para que se entienda la situación de la salud en la ciudad, en donde las deudas que tienen las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con las Instituciones Promotoras (IPS) se han vuelto un verdadero golpe a las finanzas de nuestras clínicas y hospitales. No es Cardona el primer mandatario que acude a esta desesperada práctica de evidenciar la situación, casi todos sus antecesores desde hace una década tienen que hacer lo mismo de cuando en vez. Hacer una rueda de prensa a manera de denuncia como en su caso, promover un encuentro con el Gobierno Nacional para modificar las normas, lanzar llamados de emergencia por el colapso posible. Siempre las respuestas que han recibido son paños de agua tibia. En algunos casos se llegó al cierre de entidades, pero que dejaron el lastre de la deuda.
El problema de la salud es muy complejo porque se juntan varios factores para su prestación. La tercerización del servicio que terminó vuelta en una burocracia; el respaldo estatal para soportar enfermedades de alto costo o el tratamiento que no se encuentra en los protocolos establecidos; la negligencia administrativa para desembolsar desde las EPS, sin importarles que eso afecta directamente a sus afiliados; un pésimo servicio de facturación de la mayoría de instituciones prestadoras que aprovechan las pagadoras para excusarse de hacerlo y, como siempre, ese gran mal de Colombia, una corrupción campeante que ha llevado a la intervención de varias entidades, pero que para colmo en manos del Estado han terminado con peores resultados. Es lo que pasa hoy con Cafesalud, que fue en sus orígenes un orgullo del gremio cafetero y que se ha vuelto motivo de zozobra para sus afiliados.
Según lo dicho por el alcalde, la deuda de las EPS con las IPS de Manizales es de 193 mil 902 millones de pesos, de los cuales 73 mil millones corresponden a empresas liquidadas y que han desaparecido con su seña comercial cualquier posibilidad de recuperación de esa cartera, o por lo menos de su 60 por ciento, según las estimaciones que hacen los funcionarios manizaleños. Esto demuestra que la liquidación de las entidades cuando ya no dan más no es la solución ni la ha sido. Hay que tener en cuenta que estas son cifras que superan los 180 días que ya es mucho, y de las cuales 75 mil millones corresponden dos terceras partes al Hospital Santa Sofía y el restante al SES Hospital de Caldas.
El Gobierno no ha sido capaz de encontrar una solución real para los problemas de la salud y cuando expide una norma se hace casi imposible que se ponga en práctica si busca que fluyan los recursos y que realmente se surta un cambio. Es necesario que el Ministerio de Salud asuma este tipo de situaciones, que de una vez por todas obligue a las EPS a pagar, máxime cuando el mismo Estado controla ya buena parte del sistema de salud. Una tercerización que volvió a ser pública por cuenta de las intervenciones ante los excesos presentados por los privados, pero que no cambiaron en manos de lo público como lo han mostrado las investigaciones de Contraloría y Fiscalía. Es hora de decisiones, no se puede seguir con largas.
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