Las formas en que se aprovechan del Sisbén casi 500 mil personas en Colombia para eludir la seguridad social, para beneficiarse de prebendas que solo deberían servir a quienes realmente lo necesitan dejan en evidencia que los subsidios en Colombia son un sistema que no ha cumplido con los objetivos para los que se han trazado, que son los de disminuir la inequidad que es tan evidente en nuestro país. El Sisbén es una medición que se usa para aplicar al menos 20 programas diferentes para beneficiar, en teoría, a los más necesitados. No obstante, es un hecho que muchos se aprovechan de este modelo para ganar beneficios a los que no tienen derecho.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha denunciado esta situación y la muestra como un robo social, pero no es la primera vez que lo hace. Cada tanto el director de turno pone en evidencia esta situación y se sigue presentando como si nada, muertos que siguen cobrando beneficios, personas que falsean su lugar de residencia para recibir subsidios, otros que niegan ingresos simplemente para evitarse el pago de la seguridad social. Y como siempre se anuncia que se hará la depuración, que se interpondrán las denuncias para que haya sanciones, hasta el próximo escándalo por los colados, sin que pase nada. Mientras los alcaldes sean los que incluyan o no en el Sisbén a los beneficiados está la puerta abierta para cometer tropelías.
Lo que pasa con el Sisbén sucede también con otros programas del Gobierno basados en la entrega de subsidios, método que creció en Colombia ha aumentado a pasos agigantados en los últimos 20 años y no ha impactado en lo que se necesita realmente. De hecho en algunos casos ha logrado el efecto contrario, que algunas personas conviertan el subsidio en su único sustento y lo que debería ser una ayuda transitoria, se va convirtiendo en una carga permanente para el Estado. En lugar de incentivar a estas personas termina volviéndolas tranquilas, que no buscan solución a sus problemas, sino que se sienten bien con lo que reciben y ni siquiera se preocupan por buscar un trabajo. Parte del encarecimiento de la mano de obra en el campo es por cuenta de programas como Familias en Acción, que no todos aprovechan de la mejor manera.
Basta ver cómo el índice Gini en Colombia apenas si varía. Cuando se montaron estos programas en la época de la Red de Solidaridad Social los beneficiarios tenían que asumir algunos compromisos que el Estado debía validar, pero como suele suceder en nuestro país, la falta de control es su principal falla. No se verifica si los niños realmente están asistiendo a los programas escolares, no se valida que las mujeres hagan control de la natalidad, no se mira si están asistiendo a las capacitaciones que brinda el Estado como contraprestación por la entrega del subsidio, y es así como al final el subsidio termina abriendo un hueco fiscal sin que impacte en lo que tiene que ser, como sí se ha logrado en otros países no solo de continentes desarrollados, sino en América mismo, como en Chile o Brasil. Bien valdría la pena empezar a discutir si es sostenible este modelo de subsidios en Colombia sin un impacto real en la economía. Buena parte del déficit fiscal está dado por este gasto, sin que se vea la retribución. Es hora de que el Estado le ponga el cascabel al gato.
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