La crisis de la salud

La oscura realidad del sector de la salud se complica cada día más. Por donde se le mire, el modelo que instauró la Ley 100 hace ya casi 20 años, parece agotarse. Los tibios tratamientos que ha recibido han demostrado ser totalmente insuficientes, a tal punto que si se logra enderezar por un lado comienzan a aparecer nuevos problemas por el otro, lo que hace necesario que el Gobierno Nacional piense en un replanteamiento profundo que le ponga fin a la creciente zozobra.

Tal y como funciona ahora, los usuarios se ven expuestos a un constante ping-pong de disculpas y de lavada de manos. Cada actor del sistema parece tener en parte la culpa de lo que ocurre, pero al final no aparece ningún responsable, y pese a las evidencias de fallas en los servicios o de negligencia de funcionarios, la Superintendencia de Salud no logra castigar a nadie, sin saberse muy bien las razones para pasar de agache. ¿Será que no tiene los dientes necesarios para actuar y poner orden en el sector? Si es así, es evidente que se necesitan reformas.

Los llamados “paseos de la muerte” que antes eran esporádicos, hoy no sorprenden a nadie, debido a que todos los días los usuarios del sistema están expuestos a no ser atendidos por múltiples razones, sin importar la gravedad de su estado de salud. Siempre hay un motivo que sustenta la demora o el rechazo en la atención, todo con la intervención de algún intermediario que actúa como piedra en el zapato y no permite que fluya el servicio.

Lo peor es que Colombia es uno de los países que más invierte, como porcentaje del PIB, en salud. Eso significa que a la inoperancia de muchos intermediarios que solo entorpecen y no le aportan ningún valor agregado al servicio, se suman los enormes costos de las medicinas, insumos y tratamientos médicos, además de la ineficiencia administrativa en muchos de los centros de salud. El panorama, que se completa con una deficiente gestión de control por parte del Estado, no puede ser más lamentable.
Desde hace varios años se habla de las crecientes deudas de las EPS con los hospitales, lo que ha llevado a muchas de estas instituciones a cerrar la atención para los afiliados específicos de una determinada EPS. En Manizales acabamos de ver el caso de Oncólogos de Occidente que determinó no volver a atender a los pacientes con cáncer que pertenezcan a Caprecom, lo que perjudica en forma directa a cerca de 200 personas en la ciudad. La deuda está entre los $1.200 millones y los $1.940 millones. La falta de claridad en este sentido demuestra la gravedad del problema.

Los ejemplos son múltiples. Los pacientes de las distintas EPS tienen tropiezos en cualquiera de los pasos que deba seguir su tratamiento, lo que muestra un colapso cuya salida se hace cada vez más difícil. Ya son varias las empresas de este tipo que han tenido que ser intervenidas, debido a malos manejos, pero ya son tantas que el Estado puede terminar totalmente encartado e inoperante si no busca otras alternativas. Tal vez lo que debe hacerse es que las EPS que han demostrado ser juiciosas reciban el encargo de administrar las ineficientes, y así poder seguir con su tarea de control y vigilancia.

Es urgente la búsqueda de remedios definitivos. El Gobierno Nacional no puede contentarse con más reformas a medias que solo calman el dolor momentáneo, pero agrava el mal en el mediano plazo. Hay demasiados diagnósticos sobre los problemas que afronta el sector, lo que ahora tiene que hacerse es aplicar las soluciones, dándole protagonismo a la razón de ser del sistema, que es el paciente.