Espacios para la paz

La aprobación el 28 de diciembre de la Ley de Amnistía para excombatientes de las Farc y hasta para militares acusados de delitos que no son de lesa humanidad puso en marcha este proceso clave en todo el acuerdo con las Farc, porque empieza a resolver la situación jurídica de la tropa. La norma se aprobó con la mayoría calificada que requería en el Congreso, a pesar del retiro como ya es acostumbrado en este y otros temas, del Centro Democrático, principal opositor de las medidas en torno al Acuerdo.
Esta Ley solo se aplicará una vez los guerrilleros entreguen las armas y beneficiará a los combatientes de las Farc que se encuentren detenidos por delitos menores. A los que estén condenados o procesados por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o genocidio y no hayan cumplido cinco años detenidos los trasladarán a las zonas veredales de concentración transitoria en donde deberán ponerse a manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los que hayan pagado más de cinco años podrán quedar en libertad condicionada, con el compromiso de presentarse a la JEP.
Que esta norma cobije a los militares sigue siendo un gesto importante en la reconciliación del país, a pesar de lo mucho que se ha dicho que eso mancilla el honor militar. Es una guerra que se termina y por ello beneficiará a una parte, pues lo mínimo es que también beneficie a la otra. Ya quedará en manos de cada procesado si acepta esta posibilidad o si continúa por el camino de la jurisdicción ordinaria.
Luego de la aprobación de la Ley de Amnistía, que se encuentra en proceso de desarrollo para su implementación, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, armó tremenda polémica al decir que en donde se concentran los guerrilleros en su departamento había todo tipo de excesos. Es necesario que las autoridades actúen con más tino y no haciendo eco de afirmaciones de otros. Deben seguir los protocolos y, por supuesto, si tales excesos son ciertos, denunciar, pero con pruebas. Lo otro es que los subversivos deben tener en cuenta que no pueden abusar de la posibilidad que tienen de estar allí.
Para completar, el grupo de verificadores de la ONU en El Conejo (Guajira) dejó de lado su función neutral y se puso en una camaradería que no es bien vista, a celebrar y a bailar con la guerrillerada, lo que le resta seriedad al mecanismo y al organismo internacional. Aunque parece un hecho menor, la fragilidad de un proceso como estos obliga a que no se incurra en inapropiados comportamientos, como lo calificó la propia ONU en un comunicado. Que se revise y se trabaje para brindar las garantías que los colombianos esperan.

Si el proceso para llegar a una firma de la paz fue difícil, lo más seguro es que aplicar los compromisos establecidos sea más complejo. Por eso deben imperar el sentido común, el tino y la claridad. Aún el proceso de paz es vulnerable y, a pesar de la buena voluntad de las partes, la desconfianza de buena parte de los colombianos en la manera en que se resolvió, hecho demostrado en los resultados del plebiscito, obliga a blindar este trabajo y esto se logra con demostraciones y con la puesta en marcha pronto y sin contratiempos de leyes como la de Amnistía aprobada en el Congreso.