El mal olor de una decisión

La Fiscalía General de la Nación tomó la decisión el pasado lunes de capturar al ganadero y caballista Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente de la República y actual senador Álvaro Uribe, acusándolo de los presuntos delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, relacionados con el llamado grupo de Los 12 Apóstoles que habría liderado y que dio origen, supuestamente, a los grupos paramilitares que delinquieron en el municipio de Yarumal y otros territorios del norte antioqueño.
Resulta muy curioso que esta determinación se adopte precisamente cuando se está a pocos días de la fecha establecida para la firma del acuerdo final del Gobierno Nacional con las Farc para terminar para siempre el conflicto armado con esa guerrilla, y justo cuando ya se sabe que el fiscal Eduardo Montealegre saldrá de su cargo y se irá a vivir a Alemania.
Además, este es un proceso del que comenzó a hablarse desde mediados de la década de los 90 y que ya había sido agotado sin poder establecer responsables. Razón tiene la defensa del ganadero al renunciar a la prescripción de los delitos que se le endilgan, en caso de que hubiere motivo para ello, y al decidir que no presentará recursos, de tal manera que un juez determine cuanto antes si hubo o no culpabilidad.
Durante su permanencia en la Fiscalía ha sido tan evidente que el fiscal Montealegre se ha sesgado en contra de todo lo que huela a uribismo que hoy resulta poco creíble que detrás de la captura de Santiago Uribe haya un respaldo probatorio suficiente que, en realidad, pueda comprometerlo de manera directa en los delitos de los que se le acusa. Lo que hoy se sabe es que hay solo unos testimonios de personas vinculadas con el paramilitarismo, que tal vez buscando beneficios, han declarado que el empresario fue un importante promotor de las autodefensas.
Santiago Uribe ya ha acudido en dos ocasiones ante autoridades judiciales para explicar su presunta vinculación con Los 12 Apóstoles, sin que se hubieran podido probar tales conexiones. Por eso es llamativo que aparezca en este momento este proceso, que resulta ser un tema demasiado delicado para el presente y el futuro del país, por las implicaciones que podría tener que el hermano del expresidente Uribe termine condenado por delitos para los que han sido tan pobres las pruebas.
Ante este panorama, resulta de verdad necesario un pormenorizado seguimiento de la Procuraduría General de la Nación y de instancias internacionales, que garanticen que el juicio que se le pretende comenzar a Uribe Vélez cuente con todas las garantías necesarias, de tal manera de que allí solo aflore la verdad y que no se permita que posibles revanchismos políticos o animadversiones entre líderes de la política colombiana terminen condenando a inocentes o, en fin, fallando con base en tierras movedizas. La defensa de Uribe Vélez anunció que pedirá medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual nos parece pertinente.
Nos encontramos, pues, ante un episodio complejo de nuestra historia que esperamos no termine ocasionando problemas mayores. Por tratarse de quien es, el Gobierno Nacional le debe garantizar seguridad total y demostrar que no tiene interés alguno en afectar al líder de la oposición, el expresidente Uribe. La sociedad colombiana y los organismos internacionales que defienden los derechos humanos y políticos en el mundo tienen que hacer una rigurosa veeduría de este dilatado proceso. 

Es cierto que no hay la confianza suficiente en la Fiscalía actualmente, en medio de este ambiente de desprestigio de la justicia, pero también es fundamental que se imponga la verdad, para que retorne la credibilidad en las instituciones, como debe ser.