25 años de impunidad

Una prueba contundente de la ineficiencia de la justicia en Colombia es, sin duda, el magnicidio del líder del Nuevo Liberalismo Luis Carlos Galán, asesinado hace 25 años en la plaza de Soacha (Cundinamarca), y cuya investigación no ha podido fijar un camino con la suficiente solidez como para llevar a juicio a los verdaderos culpables. El pasado lunes se cumplió un cuarto de siglo de impunidad, y aún no se tiene plena claridad de los autores intelectuales y los móviles, pese a que existen evidencias de que los intereses del narcotráfico y de algunos políticos se mezclaron para convertirse en asesinato.

No podemos olvidar que, desde un principio, se movieron oscuros intereses para tratar de desviar las investigaciones, al punto de que los primeros sindicados tuvieron que ser declarados inocentes, cuatro años después, al descubrirse que solo se trataron de chivos expiatorios. Son numerosas las supuestas pruebas y testimonios falsos que han ido a parar al expediente, con el único objetivo de poner obstáculos que impidan llegar a quienes de verdad estuvieron comprometidos. De lo que no hay duda es que se trató de un plan a gran escala y diseñado por sectores poderosos que se empeñaron en impedir que Galán pudiera llegar a la Presidencia de la República, como era ya casi un hecho.

Gracias a que fue declarado un crimen de lesa humanidad, la investigación sigue viva, y es por eso que la Fiscalía se dispone a reunir nuevos testimonios y elementos, ahora provenientes de varios excapos del narcotráfico que pagan condenas en los Estados Unidos, con base en las declaraciones de alias Popeye, quien como lugarteniente de Pablo Escobar ha señalado que su jefe habría sido determinador de ese crimen, como consecuencia de las presiones de su amigo Alberto Santofimio (hoy en la cárcel), contendor directo de Galán en el Liberalismo. Años antes el capo había mandado matar al exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, del mismo movimiento político.

Recientemente, se han sumado nombres a las investigaciones alrededor de una supuesta complicidad del general retirado Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, quien hoy se encuentra detenido por el magnicidio, debido a su extraña actuación de cambiar la escolta de Galán poco antes de la reunión de Soacha. Ahora se señala que Luis Felipe Montilla, excomandante de la Policía de Soacha, y Manuel Antonio González, jefe de la oficina de orden público del DAS, tuvieron que ver, por lo cual irán a juicio en el próximo octubre. Esperamos que como resultado de las nuevas indagaciones sea posible acercarse un poco más a la verdad, y establecer cómo se dieron todos los movimientos para terminar con el asesinato de Galán, uno de los episodios más tristes de la historia del país.
 

No podemos olvidar que por esa misma época se dieron los crímenes de los también candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa, de la Unión Patriótica (22 de marzo de 1990), y Carlos Pizarro Leongómez, de la Alianza Democrática M-19 (26 de abril de 1990), homicidios que también quedaron envueltos en la impunidad, gracias al asesinato posterior de los autores materiales. En todos los casos los intereses del narcotráfico y de la corrupción política se fundieron con negligencias o complicidades de algunos funcionarios del Estado, para terminar con hechos que llenaron a Colombia de terror.

Todo parece indicar que en estos delitos también hubo participación del llamado clan Ochoa y del Cartel de Cali, que es justamente lo que la Fiscalía pretende desenmarañar con sus entrevistas a los excapos detenidos en Estados Unidos. Como decía el propio Galán, las personas pueden ser asesinadas pero no sus ideas, lección de moralidad de lo público que debe nutrir cada vez más a toda la sociedad colombiana, para no permitir que las mafias y los poderes oscuros puedan apropiarse del Estado y hacer de las suyas.