JUAN CARLOS LAYTON
LA PATRIA | MANIZALES
Como pocas veces sucede, los tres sindicatos que hoy tiene la Industria Licorera de Caldas (ILC), marcharon juntos ayer para cuestionar las políticas de la empresa.
Sintrabecólicas, Sintraemilc y Sinaltralic criticaron de manera unánime el anuncio de despido de 18 empleados, y se declararon en asamblea permanente, una especie de plan tortuga, que significa que en cualquier momento pueden parar actividades.
Esto condujo a que ayer en la tarde se iniciaran los primeros acercamientos entre los tres sindicatos y el gerente de la destilería, Miguel Trujillo Londoño, en busca de que no se sacara ese personal y se revocara la decisión. Después de unas tres horas, al final pactaron reanudar los diálogos hoy a las 7:00 a.m.
El problema partió de una resolución con fecha del 14 de mayo y un memorando emitido ayer, en el que se notificó del despido a 11 operarios de la planta de envasado, 4 de otras áreas, un asistente, un técnico y un profesional especializado, con períodos laborales desde los 4 años y siete meses de trabajo hasta de solo cuatro meses. Todos con contratos a término indefinido.
La reacción no se hizo esperar, y varios trabajadores marcharon en la mañana en las instalaciones de la empresa, al cuestionar que todo obedece a intereses oscuros para afectar la ILC y privatizarla.
Para los sindicatos y varios empleados sería una masacre laboral, que se suma a cuatro empleados más que retiraron a comienzos de este año, con el pretexto de reducir costos y ganar en eficiencia.
Los intereses
Para Víctor Bustacara, fiscal de Sintrabecólicas, el sindicato más viejo de la ILC, con 57 años de creación, el interés es romper la cuerda por el lado más débil, y aunque siempre han estado atentos al diálogo y a buscar soluciones para que la ILC salga adelante, el pago es no escucharlos.
"Quieren demostrar que los responsables somos los trabajadores, cuando eso es falso, los únicos responsables son los corruptos que se roban el presupuesto y la plata de la ILC", dijo.
La paradoja, en su concepto, es que mientras la planta está colgada en producción, se quieren despedir 11 operarios, lo que frena una de las cuatro líneas de producción.
A las críticas, se suma lo que muchos ven como retaliaciones políticas y hasta revanchismos, pues ven paradójico este fenómeno, justo después de que se anuló la elección del gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta.
"Es fríamente calculado, pero esto tiene tinte político y por eso vamos a salir a denunciarlo, porque desde la Gobernación se están tramando cosas", dijo Luis Alfonso Ríos, de Sintraemilc.
No se necesita
El gerente Miguel Trujillo Londoño, descartó las críticas. Hizo énfasis en las altas cargas laborales de la ILC y que, como muchas, la llevarían a cerrarse. "No voy a ser yo el que cierre la ILC, pues el interés es sacarla adelante, recuperar sus ventas y que sea más eficiente, sin cargas tan vulgares".
A estas sumó las cargas impositivas del Impuesto al consumo sobre las degustaciones, que este año llegarían a unos $ 1.200 millones, más el nuevo impuesto a la equidad (Cree), por unos $ 1.800 millones este año.
Asegura que el objetivo es hacer una empresa más eficiente, y que las personas notificadas no se necesitan, pues solo hay un semestre pico al año. "El segundo semestre requiere de contratación especial, pero sería bajo otras condiciones que no sean tan onerosas".
Sus cuentas es que este personal le representa a la compañía costos laborales de $ 1.020 millones anuales, contra unas indemnizaciones que rodearían los $ 650 millones.
El problema para el gerente es que muchos de estos sueldos de enganche se inician con unos $ 988 mil, pero llegan a los $ 2 millones 400 mil, multiplicados por el 2,2 de cargas prestacionales.
Aunque la crítica es que el recorte es solo de trabajadores oficiales, y no los públicos, de libre nombramiento y remoción, Trujillo Londoño aseguró que han retirado seis empleados públicos.
"No es un capricho, ojalá la empresa tuviera de mil a mil 500 empleos, en la medida que produjera y reportara más ventas, pero en las condiciones actuales no se puede tener esa carga tan alta. Es un acto de responsabilidad con la empresa".
Aseguró que ya se apretaron también con la venta de los cinco carros de los gerentes, más un camión, que representan unos $ 107 millones al año entre gasolina, impuestos y mantenimiento. "Son puestos que se eliminan y no se vuelven a contratar, sino por temporada alta y bajo otra modalidad. Tampoco pensamos en hacer más recortes, y menos contratar nuevos empleados", dijo.
Por su parte, el director encargado de la Dirección Territorial del Trabajo, Hernán Prada, consideró que esto no se puede tipificar como un despido masivo, pues no afecta al 9 % de los 243 empleados en nómina.
De todos modos, prometió que están pendientes para regular el posible despedido. La expectativa persiste en los diálogos que se reanudarán hoy, y varios trabajadores amanecieron en la destilería.
Los sindicatos
Víctor Bustacara, fiscal de Sintrabecólicas:
"El propósito es acabar con la Licorera. Estamos seguros de que hoy despiden 18, y en 15 o 20 días están nombrando 20, pero con sueldos superiores y en cargos de dirección".
Luis Alfonso Ríos, presidente Sintraemilc:
"El trasfondo es el fallo del gobernador, no tiene pies ni cabeza que de inmediato quieran despedir trabajadores, alguien nos va a tener que decir qué está pasando en la ILC".
Nancy Elena Noreña, presidente Sinaltralic:
"Nos han dicho que la planta permanece parada y que no se necesita tanto personal, pero sabemos que es falso. Son retaliaciones por las denuncias hechas".
"Es de responsabilidad"
Miguel Trujillo, gerente de la ILC
"No es una payasada. Podría hacerme el bobo con estas cargas tan altas, o la junta directiva o el gobernador, pero el problema sigue y la próxima noticia es que en pocos años la ILC estará toteada".
¿Qué opina del despido de este personal?
* Ruby Alba Gallego, operaria: es una injusticia tremenda, fue sorpresiva la noticia, porque la planta estaba operando.
* Gloria Inés Ramírez, operaria: Me da mucho pesar de los compañeros, porque como todos, son personas que necesitan el empleo.
* Stella Quiceno, operaria: Es injusto, se escudan en que los empleados tenemos la empresa en quiebra, cuando es la administración.
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