JUAN CARLOS LAYTON
LA PATRIA | MANIZALES
"Esto fue lo que nos tocó, no nos queremos quejar, pero nos tocó bailar con la más fea y por eso hay que hacer un plan de superchoque ya".
Con frases como estas, el gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez Botero, inició ayer su rueda de prensa, junto con el gerente de la Licorera de Caldas, Bruno Seidel Arango, para presentar el balance de la destilería, luego de que la firma de auditoría Price Waterhouse se abstuvo de opinar sobre los estados financieros, al dudar de su confiabilidad.
Esto a la par del desacuerdo que se generó en la junta directiva para aprobar el mismo balance, aunque finalmente los integrantes se basaron en un concepto jurídico para darle su aval.
De allí la decisión del gobernador de anunciar un plan de choque, pues en su concepto "hay que tomar el toro por los cachos y hacer lo que haya que hacer al costo que sea", aseguró. "Si no tenemos el capital o el músculo financiero para sacar adelante la Licorera solos, hay que pensar en todas las posibilidades. No dejamos por fuera ninguna opción, bien sea un socio estratégico, privatización o liquidación", insistió.
Decisiones prontas
Aunque hoy la empresa adelanta un plan estratégico que se entregaría en gran parte hacia mediados de este año, el plan de "superchoque" tendrá decisiones inmediatas, por lo que Gutiérrez anunció la búsqueda de un experto para que los oriente en este camino que se debe tomar.
"Tenemos que averiguar si el negocio es viable y si la ILC se puede salvar. Puede que no, puede que una de las opciones sea que hay que cerrar y hacer otro negocio al lado", aseveró.
El reclamo de varios dirigentes y diputados es que hay que dejar de diagnosticar y definir de una vez por todas lo que hay que hacer, por encima del costo político que esto genere.
Sin embargo, el gobernador sostuvo que no se tratará de su decisión. "No es mi concepto, porque un día amanecí de malas pulgas y dije: vamos a privatizar esto o conseguir un socio estratégico. Por eso haremos un estudio con un agente a quien le tengamos la suficiente confianza para seguir sus consejos y analizar con mucho juicio las mejores decisiones", indicó.
Reconoció que incluso han pensado en pedir la ayuda de personas cercanas para buscar ese experto. Entre esas personas que los podrían orientar, incluyó a amigos suyos como Pablo Muñoz, exgobernador del departamento, y José Roberto Arango, consultor antioqueño, quien ha solucionado casos como el de Millonarios y Bancolombia.
"Se trata de buscar alternativas. De pronto lo que se hizo en Telecom, en la Caja Agraria o en otra entidades, de cerrar lo que no funciona y hacer otra al lado para que salga una nueva empresa, nuevecita, cero kilómetros, con los costos que son y la gente que es, para que el negocio sea viable".
El debate con la junta
El gobernador y el gerente Seidel Arango reconocieron que la situación ha sido tan compleja en la Licorera, que hasta hubo divisiones en la junta directiva para aprobar los estados financieros.
El lunes pasado la junta optó por no aprobar dichos estados, e incluso el martes pasado concluyeron que tampoco había aprobación, pues se requerían cuatro votos a favor.
Según Seidel Arango, las cuentas se descuadraron ante la renuncia del miembro Héctor Mejía Aristizábal. Esto dio como resultado que solo hubiera dos votos negativos, incluyendo el de Néstor Buitrago y Guillermo Arango Gutiérrez. El otro miembro, José Fernando
Salazar, votó a favor, junto con la secretaria de Hacienda, Luz Elena Londoño, y el gobernador.
"Entonces hubo una dificultad de interpretación de los estatutos, pues se planteó que para una votación positiva se necesitaban cuatro votos. Pese a ello, luego se revisaron los estatutos y se concluyó que la mayoría se daba con el mayor número de votos presentes", indicó.
Por su parte, diputados, como Jorge Luis Ramírez, del partido conservador sierrista, y Jorge Hernán Aguirre, liberal, cuestionaron la decisión de contratar la Price Waterhouse, en un convenio que costó $100 millones más IVA, para que dijera lo mismo que se conoce desde hace años.
Por eso exhortaron al gobernador y al gerente a definir de una vez por todas lo que hay que hacer.
Frente a las dudas sobre la posible renuncia del gobernador y del propio gerente, el mandatario dijo que está comprometido y que no va a renunciar. Seidel Arango, por su parte, dijo que lo más importante es vivir el día a día, pero que mantiene el compromiso con el gobernador y la región.
Vivir el día a día
"Todos los días se reflexiona sobre este asunto, pues este es un tema muy difícil y complicado y eso quita grandes probabilidades de éxito".
Bruno Seidel Arango, gerente de la ILC
Pérdidas por $4 mil 83 millones
El gobernador de Caldas y el gerente confirmaron las pérdidas que reportó la Licorera de Caldas y que anunció ayer LA PATRIA. Después de varios años de ganancias, por primera vez en la última década la destilería reportó pérdidas por $4 mil 83 millones. Aunque
los ingresos operacionales de la destilería alcanzaron los $116 mil millones, un aumento del 10,49% frente al 2012, los gastos operacionales pasaron de $35 mil millones en el 2012 a casi $43 mil millones, el año pasado.
Los no operacionales de $14 mil 825 millones a $29 mil 408 millones. Entre tanto, la utilidad operacional bajó de $13 mil millones en el 2012 a $9 mil 872 millones el año pasado.
Lo mismo que se ha dicho
* Jorge Luis Ramírez, conservador sierrista: se equivocaron el gobernador, el gerente y la junta al hacer un contrato para que les dijeran que estaban quebrados. Se querían hacer un corte y dejar responsables hacia atrás, se pensó que al contratar la auditoría se podría trazar una línea y comenzar de ceros, pero no es así. En el sector público se es responsable de los problemas anteriores y futuros.
* Jorge Hernán Aguirre, partido liberal: Esa fue una contratación inoficiosa, porque diagnosticar sobre lo que ya está diagnosticado, no lleva a nada de fondo. Ahora lo que se requieren son decisiones de fondo, pase lo que pase, y por encima de quien sea. Necesitamos que el gerente, la junta y todos nos digan qué va a suceder. Tememos que la decisión sea un privado.
No es nada nuevo: contralor
El contralor departamental, Jorge Eber Wheeler Arcila, aseguró que no es nada nuevo el informe que se conoció de la firma Price Waterhouse, pues en la auditoría financiera que realizó en el 2012 y en el 2013 se dijo lo mismo. "Estamos cansados de reiterarlo, lo que pasa es que las gerencias anteriores de la ILC no han actuado frente a los funcionarios que han cometido las irregularidades". Recordó la auditoría que recién se conoció y en la que se plantea un alcance disciplinario y otro sancionatorio para los exgerentes anteriores.
Allí se resalta que por incumplimiento a los planes de mejoramiento y desacato se abrió un proceso sancionatorio en contra de los exgerentes y se da un traslado para la Procuraduría departamental.
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