La pobreza rural no desapareció como podría deducirse, erradamente, de las omisiones en el reciente informe oficial. Al contrario, la ruinosa situación de sus pobladores empeoró. Pobres y miserables aumentaron casi un punto porcentual en el último año. Hoy, 47 de cada 100 de sus habitantes malvive de sobras. Pero, como quien barre la basura bajo el tapete, el Gobierno prefirió encumbrar un discurso reeleccionista más rentable, basado en la reducción de la desigualdad nacional y urbana, para esconder la protuberante realidad del campo. Lo grave es que el pronóstico a futuro es peor. La precaria política agropecuaria, los TLC y las dádivas en La Habana, están generando factores suicidas para el desarrollo rural. Un escenario que a nadie parece importar.

El campo respira incertidumbre y desaliento. Entre 2012 y 2011 se rompió la tendencia descendente en los indicadores de pobreza y pobreza extrema. Ambos guarismos aumentaron 0,7 puntos porcentuales. Así, de sus escasos 11.2 millones de habitantes, 5,2 millones son pobres -46,8% de los cuales 22,8% es indigencia, es decir 1,2 millones. Vergonzosamente, la pobreza rural es superior en un 65% a la urbana y la miseria es 3,5 veces más alta. Un diagnóstico que confirma el indicador de Pobreza Multidimensional, que cuantifica en 48,3% la pobreza rural. Más del doble que su contraparte urbana, en donde el promedio no supera el 20,6%.

El asunto de fondo es que el deterioro en las condiciones de vida de campesinos y productores, amenaza con profundizarse. ¿De dónde proviene este malestar frente al futuro del desarrollo rural? Sin duda, es consecuencia de las decisiones e indecisiones del Alto Gobierno, no solo en los procesos económicos, sino también en los políticos. La acelerada muerte de las instituciones sectoriales, asociada a la ausencia de una política pública agropecuaria capaz de corregir, por un lado, las distorsiones de mercado y, por otro, las carencias para la producción y la vida rural dignas, son verdades de apuño que este gobierno no ha podido corregir.

Antes bien, por la vía de priorizar la de Restitución de Tierras, se olvidaron de la política sectorial productiva. El Ministerio y el Incoder concentran la ejecución del gasto, con destinación casi exclusiva al tema de tierras. Lo que explica, en parte, por qué se han desatendido los subsectores productivos y los demás frentes del desarrollo rural. Más aún, aunque dicha Ley reivindica derechos innegables de las víctimas, también está erosionando la confianza inversionista y el crecimiento económico agropecuario, ya de por sí famélicos.

Pero, además, el manejo desacertado de la tasa de cambio o la reciente ola aperturista, también han ido en contravía del propósito de superar las inequidades. Solo por cuenta de los TLC, unos 350 mil ganaderos se sumarán al batallón de pobres, pues difícilmente el Plan de choque –PIPE- podrá remontar las dificultades de estos productores.

Desde el punto de vista político, el tema más delicado reside en los inciertos compromisos de La Habana. La percepción es que estamos ante un peligroso juego, donde están de por medio la propiedad de la tierra, el desarrollo rural, el futuro del campo y del país. La tierra ha dejado de ser un factor productivo, para convertirse en instrumento demagógico para ganar votos o levantar las banderas roídas de una izquierda que, desde las armas, dejó al campo en el peor de los atrasos. Son políticas torpes, por las que empezamos a pagar y pagaremos un alto costo en términos de oportunidades, precarización del ingreso y el empleo rural. De ahí a una mayor inestabilidad social, existe un paso. ¿Estamos dispuestos a seguir estos caminos sin miramientos? El "mea culpa" en el futuro puede ser devastador y también muy inútil.