El abogado Jorge Alirio Tamayo Arias, profesional universitario de la Secretaría del Medio Ambiente, encargado del control de las construcciones informales en las laderas de alto riesgo, argumenta que desde esta Secretaría se ha ejercido vigilancia y control en las zonas declaradas de protección ambiental como está determinado por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y donde se encuentra la relación de laderas y sus restricciones para construir sobre ellas sin importar que sean predios oficiales o privados en función del Articulo 2º de la Constitución donde se impone el deber de proteger la honra, vida y bienes de las personas por parte del Estado.

Asimismo, la Ley 388 y la ley 9 del 89 donde se ordena a los alcaldes la prohibición de construir en zonas no aptas. Basados en lo anterior se decide la desocupación por ser zonas de alto riesgo.

Agrega que dentro de las labores de control están comprendidos operativos en compañía de la Fuerza Pública desde el momento en que se tiene noticia que están loteando y alinderando lotes, y si es necesario; se impide que se instalen nuevos asentamientos.

Algunos se resisten y por el contrario continúan invadiendo, inclusive, en horas de la noche y días festivos improvisando la construcción con materiales no aptos para ello y colocando una bandera pues creen que no se puede violentar un Símbolo Patrio. Se da la circunstancia de que se valen hasta de niños, ancianos y enfermos para evitar ser desalojados.

Está por determinarse si esta vigilancia la debería ejercer la fuerza pública pues hay allí personas agresivas y en algunos casos con antecedentes penales que durante las diligencias amenazan a los funcionarios delante de la Policía llegando al punto de usar los escuadrones antidisturbios para contrarrestar estas agresiones.

Las empresas de servicios públicos facilitan estas circunstancias en la medida en que suministran los servicios a estas comunidades. Armando Martínez Naranjo, ingeniero electricista de atención técnica de clientes de Chec, tiene claro que la Chec no presta servicio de energía a invasiones que se encuentran en zonas de alto riesgo. Otra cosa es que cuando se presenta una invasión las personas necesitan de servicios públicos y lo que hacen es pegarse en forma fraudulenta a otras redes legales existentes en el sector.

Cuando la empresa se entera de que está perdiendo energía se hace una revisión para detectar donde está el problema y se mira la opción si se puede legalizar o no. En la segunda circunstancia se levantan las redes aunque muchas veces se presentan problemas con los invasores que no permiten entrar a los funcionarios de la Chec. Se da una alternativa y es un programa llamado Pilas, sistema comunitario de suscripción el cual consiste en un medidor que se ubica para toda la comunidad y mediante un sistema de auto gestión se paga el valor del consumo entre todos. Se resuelve el problema, pero sin legalizarlos. Se busca que cumplan con las mínimas condiciones técnicas y de seguridad. En su concepto si los entes gubernamentales tomarán cartas en el asunto a tiempo para evitar estas invasiones, no ocurrirían problemas de esta índole.

COMENTARIO ADICIONAL:

Para Juan David Arango Gartner, gerente de Aguas de Manizales, el tema de legalización es bastante complejo. Aguas de Manizales trabaja de manera coordinada con la Unidad de Gestión del Riesgo el tema de los suministros de servicios públicos en zonas calificadas por el POT, como de alto riesgo ya sea mitigable (que se pueda reducir el riesgo dependiendo del fenómeno ) o no mitigable, es decir, reasentamiento de viviendas.

Recalca que no se colocan servicios de agua sin un concepto de la Unidad de Gestión del Riesgo.

Los invasores terminan pegándose mal de las redes existentes incrementando las situaciones de riesgo.

Cita como ejemplo el barrio Sinaí donde hay unas viviendas legales y quienes invadieron se fijaron a las redes existentes. Considera que hay demora para actuar de los entes que deben hacerlo. Propone que en zonas de alto riesgo se elabore un programa de tratamiento ambiental para mejorar la estabilidad del entorno y así poder legalizarlas, personalmente considera que reubicar es más complejo que mejorar el entorno. La reubicación es una solución a largo plazo. Cada que se coloca una tutela se pierde por ser los servicios públicos un derecho constitucional, concluye.