Los efectos del fracaso de la Reforma a la Justicia, irán mucho más allá de frenar la modernización de la Rama. Se percibe desánimo en las bancadas de la "unidad nacional", en buena parte porque el Ejecutivo descargó toda la responsabilidad en el Congreso, a pesar de que se trataba de uno de sus proyectos insignes. Es un mal presagio para las relaciones entre la Casa de Nariño y el Congreso y para la agenda legislativa que se radicará este 20 de julio. Pésima noticia en momentos en que necesitamos blindar la economía y acometer tareas urgentes para ampliar el margen de maniobra del manejo fiscal y monetario del país.

Al menos 2 reformas tendrán que cursar en el descompuesto ambiente: la tributaria y la pensional. Aunque en las prioridades del gobierno está primero la Reforma Tributaria, es evidente que puede darle un compás de espera, considerando el crecimiento del PIB y el comportamiento del recaudo tributario, que en 2011 llegó al récord de $86,6 billones -14% del PIB- el más alto desde 1970. En cambio, la Reforma Pensional es perentoria e inaplazable, a pesar de las medidas impopulares que se requieren.

Para tener una idea del panorama, baste con decir que el pago de las mesadas con cargo al Presupuesto Nacional, ascendió al 3,3% del PIB en 2011 y podría alcanzar el 3,4% en 2012 y el 4% entre 2013 y 2016. No obstante, el cálculo actuarial del total de la deuda pensional es de $450 billones, 76% del PIB entre 2011-2021. Con un agravante: algunas interpretaciones judiciales están dando al traste con los ahorros del sistema y abriendo boquetes que podrían generar sobrecostos fiscales estimados entre 23% y 30% del PIB.

El país necesita frenar este desangre. Entre otras razones, porque el PIB evidencia una leve desaceleración. Un fenómeno que podría profundizarse, dependiendo del impacto de la crisis europea sobre Estados Unidos y China y, por contagio, sobre nuestras variables macroeconómicas. El Banco Mundial ya hizo sus estimaciones a la baja para el PIB de esta vigencia y desde distintas instancias se cuestionan los presupuestos del Marco Fiscal de Mediano Plazo, con caídas del 30% en las cotizaciones del petróleo -locomotora de mayor dinámica- y las secuelas de la revaluación.

Más aún, el gobierno generó otros frentes de gasto público con algunas de las 76 leyes aprobadas en 2011. Solo el efecto neto de caja de 20 de ellas -como la Ley de víctimas, el nuevo POS, las reformas al Código Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia y Adolescencia- asciende a $4 billones estimado para 2011. Sin mencionar las deudas no explícitas y los pasivos contingentes, que ascienden a 146% del PIB para 2012. Entre ellas 201 demandas por la ola invernal con pretensiones por $4,3 billones.

Estamos obligados a indagar en instrumentos que permitan, realmente, blindar la economía y mantener el crecimiento. Los nuevos frentes del gasto público y especialmente el pasivo pensional, restringen el espacio fiscal y las posibilidades para reorientar el gasto hacia sectores que impacten de manera efectiva la generación de empleo, productividad y competitividad del aparato productivo. Factores vitales para encarar los TLC y el impulso de las importaciones en contravía de la producción nacional.

Me pregunto si el gobierno puede aplazar, indefinidamente, decisiones como la Reforma Pensional, cuando se cocina un escenario poco favorable en el frente externo y en el interno, crecen las presiones fiscales. Necesitamos carreteras, puertos, distritos de riego, sanidad e inocuidad, adecuaciones tecnológicas y ambientales. Aunque el timing político no corre ahora a favor del gobierno y que estamos ad portas de un año preelectoral, es perentorio ajustar las finanzas públicas, generar ahorro y emprender las reformas económicas que verdaderamente exige el país.