Frecuentemente se olvida lo que se ha logrado desde la expedición de la ley 100 y la privatización de parte del sistema de salud. Fernando Ruiz Gómez, de la Universidad Javeriana, lo dice sucintamente: "…antes de 1993, el sistema era muy inequitativo: cubría 74.3 por ciento de las necesidades de atención médica de los ricos. En contraste, solamente el 16 por ciento de los más pobres accedía a servicios médicos" (El Espectador, 20 de julio de 2012, p.16). Añade que la cobertura actual de servicios médicos es de 83 por ciento para los pobres y 71 por ciento para los ricos, según informa la Encuesta de Calidad de Vida de 2010.

Este es un logro monumental, sin lugar a duda, pero en lugar de querer avanzar, ya nos están invitando a que regresemos al sistema estatal anterior que estaba en manos de insaciables políticos y sindicatos, y operaba con servicios y coberturas muy inferiores a los actuales. Con frases de cuño oficial como la de que "la salud no es un negocio" se está promoviendo la idea de acabar con lo que se ha alcanzado sin entender que la salud tampoco debe usarse para pagar nóminas infladas y conquistas sindicales exorbitantes.

Se cometería una imprudencia de insospechada magnitud si se permite echar para atrás, pero hay que admitir que el sistema tiene muchas fallas y que los gobiernos se han demorado en subsanarlas. Los que hoy acceden a los defectuosos servicios del sistema actual no se acuerdan de que hace 20 años no tenían acceso, ni perciben que se ha avanzado muchísimo en cobertura, en calidad y en equidad. Por eso está ganando adeptos la idea de revocar la ley 100 y retroceder.

Parte del problema del sistema se deriva de su propio éxito: En 1993 solamente el 20 por ciento de la población estaba asegurada y hoy lo está el 92 por ciento, según informa Ruiz Gómez. La tasa de hospitalización se aproxima a los estándares europeos. Se ha desbordado la demanda y el sistema no estaba suficientemente preparado en términos de financiación y de organización institucional para absorberla.

A esto ha contribuido un consumo desproporcionado y frecuentemente suntuario de servicios de salud inducido por las decisiones judiciales y por buenas intenciones o impulsos populistas del mismo ejecutivo. En el afán de ampliar la canasta de servicios de salud no se ha tenido en cuenta la restricción presupuestal, o sea la elemental realidad de que los recursos no alcanzan para financiar todos los servicios consagrados como derechos, o que hacen falta recursos donde se necesitan mientras que otros sobran y quedan ociosos en cuentas bancarias..

Las entidades proveedoras del servicio han tenido que racionarlo arbitrariamente o tramposamente y han tratado de allegar más recursos por otros medios, no todos admisibles, lo que ha provocado el desprestigio de las EPS, por ejemplo, y ha hecho progresar un movimiento para que las acaben, lo cual le daría un golpe mortal al sistema. A esto último ha contribuido una Superintendencia de Salud débil, infiltrada desde anteriores gobiernos por la politiquería y la corrupción. Cuando no hay una regulación y un adecuado control estatal, el sector privado no es capaz de auto controlarse.

El estado actual del sistema requiere urgentemente soluciones audaces y mecanismos de control. Por eso no ha gustado que la ministra de Salud ha solicitado más tiempo para ofrecer una solución integral. Pero hay que dárselo y ayudar por todos los medios posibles a que se llegue a algo que preserve los sustanciales logros alcanzados y solucione los evidentes problemas financieros e institucionales, sin destruir lo que opera deficientemente.