La violencia en el Cauca es histórica. La actitud de los indígenas frente al Gobierno y la lucha por el reconocimiento autonómico de su territorio, son una constante que pretende amparo en los postulados de la Constitución de 1991.

Si bien el artículo 7 de la Carta, reconoce la diversidad étnica y cultural, y el artículo 330 supone el Gobierno indígena de acuerdo a sus usos y costumbres; también lo es que las autoridades deben proteger a todos los habitantes del territorio y es deber de los indígenas colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio, de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional (artículo 2 y 330 #7 CN). En tal sentido, es imperativo señalar que la autonomía territorial reclamada por estas comunidades no es absoluta, por el contrario, supone el reconocimiento de las instituciones, de la soberanía Nacional, y del monopolio de la fuerza en cabeza del Estado.

La situación que se viene presentando en el Cauca obliga pensar hacia dónde se encauza la estrategia de las Farc: Si consiste en proteger corredores estratégicos para permitir la circulación de armas y drogas ilícitas, caso en el cual estaríamos frente a una organización absolutamente desnaturalizada, cuyo único fin es alcanzar mayor poder económico en favor de una cúpula que posiblemente ni siquiera se encuentra en el país.

Si entendemos la estrategia de las Farc como un repliegue para organizar nuevamente sus frentes, a fin de recuperar espacio en Tolima y Huila, debemos suponer que además de poder económico, la estructura subversiva supone falazmente que puede alcanzar el poder a través de la fuerza. Entonces, entenderíamos la tesis según la cual dicho comportamiento busca mayor poder de negociación y reconocimiento del estatus de beligerancia.

No hay ninguna duda de la alianza criminal entre las Farc y las Bandas Criminales por el negocio del narcotráfico, lo que ha permitido un segundo aire para los subversivos. Tal asociación exige el replanteamiento de la estrategia militar, adecuando la ofensiva hacia un actor amenazante de la seguridad nacional, pero que se define como delincuencia común. Este ingrediente adicional, reprime a la fuerza pública para actuar con determinación, por cuanto las Bacrim no se consideran estructuras armadas jerarquizadas.

En cualquier caso, deben intensificarse los operativos militares y atacar más frontalmente la estructura de base de la guerrilla, toda vez que los objetivos de alto valor dados de baja, no lograron desarticular esta organización guerrillera. Del mismo modo, el Ministerio de Defensa debe despejar las dudas que se han suscitado, frente a las dificultades de la fuerza pública para desplegar las operaciones militares. En especial, respecto del famoso Manual de derecho operacional.

En lo personal, no creo que ni el Gobierno ni la fuerza pública hayan cedido en la determinación para reprimir con contundencia a las Farc. Como es natural, las formas de la guerra cambian y las guerrillas también modernizan sus métodos. Lo importante es adecuar la estrategia militar a los nuevos escenarios del combate con herramientas jurídicas y materiales contundentes.