El campo se encuentra abandonado, desde hace muchos años los gobiernos han preferido atender a las ciudades donde se concentra mayor cantidad de gente y donde es más fácil prestar los servicios del Estado. El conflicto armado colombiano, que tiene como marco la ruralidad, es la expresión máxima de este abandono. En ese contexto, el año pasado, los campesinos fueron los protagonistas de una de las protestas apartidistas más importantes que hayan tenido lugar en los últimos años.

En palabras del ministro de Agricultura, en Colombia no ha existido una política de Estado agropecuaria que permita atender las necesidades sociales de los campesinos, ni fomentar la estructura competitiva del campo. Los programas terminan mal ejecutados, casi siempre beneficiando a quienes no los necesitan, familias políticas que garantizan un número considerable de votos o importantes donaciones a las campañas.

Las protestas del año pasado sirvieron para que el país volviera los ojos al campo, para que los ciudadanos tomaran conciencia de la importancia del campesinado y del desarrollo rural, y para que la clase dirigente incluyera en la agenda pública los temas fundamentales del campo. Al mismo tiempo, los campesinos se adentraron en la política y empezaron a entender su rol de ciudadanos capaces de exigir respuestas del Estado. Así mismo, pudieron valorar su importante contribución al desarrollo social y económico del país. En este sentido, los campesinos dejaron de ser los ciudadanos rurales escondidos y de pocos votos para convertirse en una fuerza política importante.

Esa circunstancia, de ser nuevos en la política, deja a los campesinos con un poder considerable, pero con la fragilidad de no contar con una institucionalidad consolidada para la interacción en este escenario. Ahora, hábiles políticos, desde Álvaro Uribe hasta Piedad Córdoba, han querido tomar partido de este movimiento para sacar provecho de la fuerza política del campesinado en estas elecciones. Por su parte, los gremios del campo, salvo honrosas excepciones, no han cumplido su papel de instituciones legítimas para tramitar de manera formal las preocupaciones y necesidades de los campesinos. Las asociaciones de los sectores agropecuarios han prestado más importancia a la politiquería y al servicio de intereses particulares que a las carencias del sector.

El momento no puede ser mejor, hoy el campo está en la agenda de todos los candidatos. Sin embargo, el campesinado tiene que mantenerse firme en sus peticiones para generar una política de Estado que impulse el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Algunos de sus líderes, así como varios gremios del sector, ya cayeron en la tentación de usar esta nueva fuerza política en beneficio personal.

El movimiento campesino tiene un gran reto entre sus manos, es el nuevo y fresco participante en una política desprestigiada y desgastada. Distintos movimientos sociales han demostrado que es más fácil caer en el juego del poder y perder legitimidad por estar buscando privilegios para unos cuantos. De la habilidad de la gente del campo dependerá su capacidad de exigir, obtener respuestas serias del Estado e impulsar el desarrollo rural.