Gabriel Rosas escribió en su columna de Portafolio que yo había abogado por la privatización del estado en un artículo anterior ("El Estado no Pertenece a los Políticos", El Tiempo, 12 de abril, 2013l). Por el contrario, en esa columna digo que es necesario marchitar el clientelismo y recuperar el estado para el ámbito público arrebatándoselo a los politiqueros. No conviene seguir tolerando que la clase política utilice al sector público como botín. Eso no es inherente a la democracia ni se debe dejar así si se quiere que el estado pueda desarrollar eficientemente sus funciones.

La responsabilidad de llevar acabo la transformación necesaria y aislar a la administración del estado y el uso eficiente de sus recursos del clientelismo político le corresponde a la rama ejecutiva del sector público. Es la que tiene esa obligación y la que tiene el poder y los medios para hacerlo. Adicionalmente, es tan alto el grado de colusión que se advierte entre el sector legislativo y el sector judicial que de parte de ellos sería iluso esperar que emanen las iniciativas y el espíritu reformista que requieren estos cambios.

En casi todas las administraciones se ha tenido conciencia y se ha actuado para mantener a la clase política relativamente lejos de las instituciones que son claves para el funcionamiento de la economía, pero al mismo tiempo se ha permitido que los parlamentarios ejerzan influencia directa y coadministren otras instituciones, o se les han concedido cuotas burocráticas para apaciguarlos. A estas concesiones, que algunos líderes consideran que son la base de lo que ellos llaman "la gobernabilidad", se les puede atribuir el retraso en infraestructura que ahora padece el país, gran parte de la responsabilidad de la crisis del sector salud, la corrupción y la forma ineficiente como se lleva a cabo la función del estado.

El problema es que ahora se necesitan y se adelantan reformas precisamente en los ministerios y en los sectores que se les habían cedido a los políticos. Esos ministerios están en muy buenas manos, pero ellos no pueden llevar a cabo esas transformaciones requeridas sin el apoyo decidido del presidente y el resto del alto gobierno. Ya se perdió una funcionaria que tenía el conocimiento y los demás atributos para haber sido ministra estrella de Salud y a un buen ministro de Transporte por presión de los políticos y los contratistas. Y ellos tienen ahora en la mira a otros funcionarios técnicos que tratan de administrar independientemente entidades como la Superintendencia Financiera y la de Salud, o Colpensiones. El presidente del Senado está furioso porque no "le" nombraron Superintendente de Salud ni Director del Sena y exige cargos en esas instituciones. La independencia del estado y la calidad de sus servicios están francamente comprometidas.