A medida que transcurre el tiempo vamos comprendiendo las cosas que pasan en este país y les vamos encontrando lógica. Una lógica que, no por razonable, deja de ser aberrante e indignante.

Se ha empeñado el gobierno Santos en que se le apruebe el acto legislativo conocido como el Marco Jurídico para la Paz, algo que muy seguramente va a lograr, pues se han jugado todas las cartas políticas en lo cual son expertos el Presidente y buena parte de su gabinete.

Que un gobernante se empeñe en que el poder legislativo le apruebe sus iniciativas no tiene nado de malo. Es más, está dentro de lo normal pues cada gobernante tiene su norte y se tiene que hacer acompañar de los demás poderes para sacarlo adelante. Lo que realmente molesta y mortifica es el método utilizado para lograr los objetivos.

Desde esta tribuna hemos manifestado en varias ocasiones la preocupación por el tratamiento que reciben nuestras fuerzas armadas y por la batalla jurídica que tienen que librar soldados y policías después de exponer su vida para preservar la nuestra. Y hemos dicho que no es justo que se les deje solos ante los tribunales y los fiscales cuando regresan del campo de enfrentar a los enemigos del país, y caen en las redes judiciales que acaban con su futuro, el de su familia y con la esperanza de los colombianos.

Pues bien, ya podemos entender algunas de las razones. Y la primera es que la persecución a la que se han visto sometidos los miembros de la fuerza pública, puede obedecer a que se convierte en un método de presión para todos los colombianos que queremos un tratamiento justo para los héroes de la patria. Cuando se plantea en el proyecto de acto legislativo que "La ley podrá autorizar un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes", lo que se está diciendo es que tanto la fuerza pública, como los criminales que nos asedian, podrán ser beneficiarios de excepciones por fuera de la rigidez legal del momento y esto, aunque pone en una desmoralizante igualdad de condiciones a criminales y defensores de la Patria, puede recibir una mayor aceptación al saberse que habrá alguna herramienta para acabar con las injusticias que se han cometido en contra de las víctimas del propio Estado.

Otra de las razones, es la presumible intención de los cabecillas de los criminales organizados del país, para acceder al poder vía elecciones populares. Lastimosamente en Colombia los delitos más execrables cometidos por criminales organizados se convertirán en meras hostilidades, y serán entonces juzgados por tales hechos recubiertos de un ominoso manto de impunidad. Pasará a ser la Fiscalía autónomamente quien defina las acciones penales y seleccione los sujetos de investigación, de tal forma que este ente adquirirá un poder desbordado y peligroso, y podrá llegar a quedar al servicio de las fuerzas oscuras.

Una razón adicional se encuentra en la facultad que se le otorgará al Presidente de la República para suspender la ejecución de penas y autorizar el cese de la persecución judicial en forma discrecional, además del poder para perdonar condenas. Aquí se debe estar frotando las manos Teodora, pues le bastaría con aceptar el hecho de estar tan estrechamente vinculada a las Farc como todo el país lo sabe, y se haría acreedora a una luz de perdón y olvido. Y, dada la debilidad demostrada por el presidente Santos, y la forma como se doblega a las exigencias de las Farc, nada raro sería que este fuera su primer acto.

Y aunque ya parece que nada se puede hacer para evitar esta reforma constitucional, tenemos que aceptar que caímos nuevamente en la trampa de las Farc. A ninguna mente sensata se le puede ocurrir que una organización tan criminal y perversa se va a desmantelar de un momento a otro y va a soltar los hilos poderosos del tráfico de narcóticos, armas y personas. Ni que las ONG que le sirven de mampara para treparse en escenarios de diferentes países, vayan a desmantelar sus aparatos mafiosos que se han convertido en enormes carteles para el manejo político internacional.

De manera pues que este Marco Jurídico para la Paz, que más parece ser una etapa de conciliación secreta entre el Gobierno y las Farc, muy probablemente será motivo de un nuevo desengaño para los colombianos de bien que asistimos impotentes a sucesivas cesiones, ya no territorio y suelo patrio, sino de leyes, institucionalidad y dignidad.

Hace tan solo dos años, ¿a alguien se le habría ocurrido pensar en métodos tales de impunidad para los peores delincuentes de Colombia? El país tuvo que ceder terreno, entregar vidas, bajar la guardia, enjuiciar y encarcelar a soldados y policías, callar ante el secuestro de niños, dejarse acorralar nuevamente y admitir como válidas las presiones de los criminales, para llegar a esta desastrosa situación de tener que agachar la cerviz y que sean los criminales quienes salgan gananciosos de toda esta podredumbre concertada con el Gobierno Nacional. Y todo a través de este Marco Jurídico para la Paz, que bien podría llamarse Marco Jurídico para las Farc.