Se demoró once años el Contencioso Administrativo para decidir, como lo acaba de hacer el Consejo de Estado, que la Unión Patriótica no ha debido perder su personería jurídica. Eso demuestra que la administración de justicia -que no aplica el principio constitucional de la celeridad, ni tiene en cuenta la oportunidad de las decisiones- dictando providencias que llegan tardía y muchas veces inútilmente, cuando ya el daño está irreparablemente causado.

El tiempo transcurrido, en cuanto tiempo de ejercicio de los derechos -que no tuvo lugar por causa de una decisión arbitraria- no se puede recuperar, y por tanto, para los sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica, estos once años -más de una década- fueron once años en que, por una mala interpretación de las normas jurídicas y la paquidermia judicial, les estuvo vedado injustamente el ejercicio del derecho señalado en el artículo 40 de la Constitución colombiana: "Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (…) 3.- Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas".

No obstante, lo cierto es que, con todo y lo inexplicable de la moral judicial, se ha restablecido hacia el futuro ese derecho, quebrantado por el lapso en referencia, y la Unión Patriótica puede ahora, incluso de manera inmediata, participar en política y sus miembros aspirar a los cargos públicos de elección popular.

La noticia es buena para la democracia colombiana, y en especial para la izquierda, que cuenta ahora con una resucitada organización política que puede recuperar -ojalá así sea- su antiguo vigor, y que facilitará que se consolide una plataforma ideológica que a su vez se constituya en opción válida y pacífica para los electores colombianos.

Como todos lo recordamos, la Unión Patriótica nació de los diálogos de paz adelantados por el Gobierno de Belisario Betancur, cuando precisamente, en alianza con importantes dirigentes políticos de izquierda, muchos guerrilleros cambiaron las armas -que entregaron- por los votos, y se vincularon a la institucionalidad. No fueron ellos los que incumplieron sus compromisos con la democracia y con la paz. Fueron fuerzas oscuras, enemigas de ambas, las que resolvieron acabar con el partido mediante el crimen. Y después, un organismo estatal, violando la Constitución y la ley como ahora lo declara el Consejo de Estado, ordenó su extinción como organización política y causó a los sobrevivientes el ya señalado perjuicio.

La sentencia significa el regreso de la Unión Patriótica al campo electoral y a la controversia política, y eso no solamente es refrescante dada la pérdida de identidad de muchos de los partidos y movimientos existentes, sino muy importante para el país en momentos en que se adelanta un proceso de paz -no igual en sus características pero animado por similares propósitos- como el que en su momento nos permitió también ilusionarnos con la recuperación de la paz, el Derecho y la concordia durante una década marcada por la violencia y el terrorismo.