Ante las denuncias hechas por Ramiro Bejarano el domingo pasado en su columna de El Espectador, la prensa nacional entró a ocuparse de los desafueros que se cometen en la Contraloría General de la República y de la millonaria nómina paralela que nos cuesta a los colombianos casi medio billón de pesos al año. Es una situación aberrante, dolorosa e indignante, pues en este juego de poderes que se vive en las altas instituciones estatales, nos tenemos que resignar a ver cómo se violan leyes, se abusa de los dineros públicos y se pisotean todos los cánones de la decencia para el lucro de unos pocos y el pago de favores personales que, en este caso, parten de la propia contralora Sandra Morelli.

Dice Bejarano en su columna lo que ya habíamos advertido en este espacio: el favorecimiento a Emilio Echeverri Mejía con un millonario contrato de asesoría personal a la Contralora, cuando existe una amplia nómina de abogados especializados en la contraloría que bien podrían hacer el supuesto trabajo que ejerce el señor Echeverri. Y digo supuesto trabajo porque tal parece que los informes que presenta para recibir el pago de sus honorarios son de una pobreza que raya en el irrespeto, violando también los preceptos y las exigencias que se les imponen a los demás funcionarios.

Pero, como si esto fuera poco, en Caldas hemos sufrido en carne propia las injusticias que se cometen desde la propia contraloría y hemos sido víctimas de persecuciones, omisiones, manipulaciones y direccionamientos que han logrado acabar con personas, familias e instituciones. Y, curiosamente, gracias a ese contubernio entre la contralora Morelli y el exgobernador Echeverri, para el ente de control nacional desaparecieron cuatro años de historia administrativa y fiscal de Caldas (los del mandato del citado gobernador), y han explotado hasta la saciedad, como sofisma de distracción, supuestas falencias de otros funcionarios que no cuentan con la suerte de su protección.

Tal es el caso de la sanción impuesta al abogado Adolfo León Mejía Grand (exgerente de Edsa) quien fue destituido e inhabilitado por un período de 10 años porque supuestamente había entorpecido la investigación que en forma sesgada adelantaba la Contraloría por el caso del chance en Caldas. Pero lo que no se difundió ni se le dio importancia es que la sanción se produce por el supuesto entorpecimiento en octubre de 2010, a una investigación que se abrió apenas en abril de 2011, hecho que fue tenido en cuenta por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la República para revocar la destitución y la inhabilidad del citado abogado.

Y tampoco se dijo que la forma sospechosa como se procedió en contra del doctor Mejía, coincidió con una serie de derechos de petición elevados a la contralora Morelli, sobre los cuales no se obtuvo respuesta alguna; y que se le sacó del camino arbitrariamente cuando logró demostrar que Emilio Echeverri fue el responsable de haber ordenado la apertura de la licitación amañada para la concesión del chance en el período 2007-2011, mediante el maquillaje de los estudios de mercado; y que, producto de las arbitrariedades no investigadas u omitidas por la Contraloría, los ingresos por concepto del chance sufrieron una disminución por valor de $12.874 millones en el gobierno de Echeverri. Es decir, había que inventar alguna excusa para eliminar la credibilidad de la única persona que para ese momento podría dejar en evidencia la realidad de lo que pasó con el sonado caso del chance en Caldas y que, por consiguiente, resultaría involucrando al verdadero responsable: Emilio Echeverri Mejía.

Y como estos, fueron muchos los casos en los que la Contralora y su séquito de excompañeros caldenses de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia montaron un mecanismo de protección, pues mientras la Corporación Cívica de Caldas les hacía eco a las amañadas investigaciones, ellos pasaban desapercibidos en el tiempo y en el espacio hasta lograr la prescripción de cualquier proceso judicial en su contra. ¿O qué diremos de la contratación con la misma Federación en el último día de gobierno de Emilio Echeverri, profusamente denunciada y deliberadamente omitida por los órganos de control?

¡Qué tristeza! Causa escozor el saber que en esa feria de irregularidades que se presenta en la Contraloría General de la República están involucrados algunos de los caldenses que dominan subrepticiamente los hilos del poder en el departamento. Y son aquellos que se sienten con la autoridad de señalar, de juzgar, de condenar y de fusilar a los demás, amparados en corporaciones viciosas o asociaciones gremiales inoficiosas; y son precisamente quienes desangran al país en los altos poderes nacionales, y se convierten en intocables por los seudo líderes regionales; y son quienes vienen arrogándose la facultad de trazar nuestro destino y nos tienen anquilosados en un mundo de peleas intestinas regionales. Son, en fin, aquellos que dictan cátedra de moral cuando han dejado una estela de podredumbre que por más que sus aliados quieran ocultar, no lo logran debido a su pestilencia.

Mucho tendrá para contar el abogado Adolfo León Mejía Grand, pues ha ahondado demasiado en nuestra realidad y tiene una virtud que cada vez es más escasa: el valor de la denuncia. Él ha procedido en contra de la contralora Morelli en los términos de ley; sería bueno escuchar lo que tiene para decir…