La justicia es uno de los servicios públicos que el Estado no puede delegar en ningún caso de manera general en manos de privados, pues es una de sus funciones para asegurar las condiciones mínimas de existencia de la cohesión social. Y es por ello, que cuando se habla que un Estado puede privatizar muchos de los servicios que presta a los ciudadanos, hay muy pocos que siempre se reserva. Pues bien, es esta función pública de la Justicia la que, en Colombia, más mal va de todas las que asegura el Estado.

En efecto, en el conocido ranking de facilidad para hacer negocios, Doing Business, una de las variables que más mal calificadas ha aparecido de manera permanente es la de la justicia. Mide "La facilidad o dificultad para hacer cumplir contratos comerciales. Esta se determina haciendo seguimiento a la evolución de una disputa en el pago y estableciendo el tiempo, costo y el número de procedimientos que se requieren desde el momento en que se establece una demanda legal hasta el momento del pago final", dice el estudio. El resultado de tiempo invertido para un proceso en Colombia es en promedio de 1.288 días, mientras que en otros países de América Latina es de 737 días y en las naciones de la OCDE (países de alto desarrollo), de 536 días. Igualmente, se mide por el porcentaje del costo del proceso frente al monto demandado, en Colombia es del 48% (casi la mitad la pierde el demandante en el proceso de cobro) mientras en América Latina es del 31% y en los países de OCDE, 21%. Y finalmente el otro indicador que utiliza es el número de procedimientos, en Colombia es de 33, en América Latina un poco mayor y en la OCDE un poco menor. De estos números podemos concluir que la justicia en Colombia es más o menos igual en término de procedimientos que en otros países, pero es mucho más cara y mucho más demorada que en el resto de naciones.

Además, si a los problemas estructurales de eficiencia, que quedan en evidencia no solo cuando uno pasa por los juzgados y ve los arrumes de expedientes, sino con estos datos estadísticos rigurosos, se les suma un problema de corrupción, la situación es lamentable. Y ese es el espectáculo que el país ha vivido en las últimas semanas en la Corte más importante del país, la Constitucional, por efecto de las denuncias de corrupción que han hecho contra algunos de sus magistrados. Realmente es horroroso y preocupante. Colombia no puede seguir soportando esta situación. La justicia necesita una reforma profunda para apartar la politiquería de la elección de los magistrados y para inyectarle innovación y recursos para asegurar la eficiencia de sus procesos.

Colombia requiere de esa transformación de la justicia, pues es una dimensión básica y necesaria para su supervivencia como Estado. La reforma a la justicia es una necesidad imperiosa.