Hace unos meses escribía en esta misma columna alertando sobre la crisis humanitaria que ocurre en Buenaventura. La lucha de las bandas criminales heredadas del paramilitarismo, el narcotráfico, la guerrilla y la impunidad estaban acabando con el puerto. Pues bien, vino el señor José Miguel Vivanco de la organización no gubernamental gringa: Human Rights Watch, y estuvo en el puerto. Lo recorrió, habló con la gente y presentó un informe sobre las barbaridades: asesinatos, desapariciones, torturas y desplazamientos. Y lo que más rabia causó fue oír que no hay ni una sola condena por estos delitos.

Es triste decirlo, pero en Buenaventura fueron denunciadas casas destinadas a picar gente viva. Las llamadas "casas de pique". Esto realmente estremece y revuelve las entrañas. Esto no es posible, pero ocurre. Esto es sencillamente escandaloso que se haya presentado en una población militarizada.

Esta semana que termina tuve la oportunidad de escuchar un nuevo reporte del director de Human Rights Watch. Volvió a Buenaventura y salvo una mayor presencia de la Infantería de Marina y de Policía, junto con la promesa del Fiscal General de la Nación de enviar tres nuevos fiscales para apoyar la labor investigativa, no hay muchos cambios ni avances. Así lo afirma también una de las pocas voces que se ha convertido en especie de conciencia nacional sobre la tragedia que se vive en Buenaventura, monseñor Héctor Epalza, obispo del lugar. Se siguen presentado desapariciones, torturas, desplazamientos.

¿Hasta cuándo? El gobierno ha dado muchas declaraciones y hecho anuncios de inversiones públicas, hay que ver qué es cortina de humo electoral y qué realmente será apoyo real para Buenaventura. Esta violación de los derechos humanos es sencillamente intolerable. El país debe asumir con mucha mayor responsabilidad la suerte de Buenaventura.

Hoy Buenaventura encabeza las listas del desplazamiento interurbano en el país. A la gente le toca salir en estampida, huyendo de la violencia que se ha anidado. Y la verdad es que la impunidad reinante allí es el potenciador de la violencia, pues los actores armados saben que sus conductas no tendrán consecuencias, que nunca el Estado los llamará a responder por las continuas violaciones a los derechos humanos.

El país no puede permitir esta degradación. No puede permitir que se sigan picando personas vivas. No puede seguir permitiendo que sangre inocente se siga vertiendo ante la mira indecente de toda Colombia. Esta situación de violencia está golpeando a los más pobres y sencillamente es un acto de total insensibilidad no reaccionar frente a estos hechos.

Reconstruir el tejido social es la prioridad. La confianza de la gente que ha desaparecido por el temor a la muerte, esta realidad ha generado aún una mayor fragmentación. Esta situación es fundamental enfrentarla de manera integral, de lo contrario, en unos cuantos meses estaremos reseñando el siguiente capítulo de las denuncias de Human Rights Watch.