Este proceso para la elección de mandatarios locales se caracterizó por la propaganda negra, fueron muchos los candidatos señalados de cometer uno o varios delitos. Así mismo, las campañas se prestaron para difundir panfletos, falsas investigaciones periodísticas y rumores de todo tipo. Quedaron elegidos para ejercer cargos públicos candidatos señalados de paramilitarismo, concusión, lavado de activos, urbanización ilegal, narcotráfico, concierto para delinquir y hasta de proxenetismo. 
También se oye, como secretos a voces, que se ofrecían 40 mil pesos por un voto, 80 mil si llevaba la foto del tarjetón marcado, que a los barones electorales les compraron el paquete de 100 votos por 100 millones de pesos, que ofrecían en los colegios públicos 500 mil pesos para el viaje de egresados, que desde agosto había candidatos pagando facturas de servicios públicos. Se publicaron en las redes sociales fotos de bonos de gasolina ofrecidos por candidatos, se decomisaron mercados que iban a ser repartidos a cambio de favores en las urnas. 
Sin embargo, son todos rumores, no se hacen las denuncias legales, las organizaciones de veedurías remiten a los ciudadanos a que acudan a las redes sociales o a Pilas con el voto porque “no hay mucho más para hacer”. No hacen presencia la Fiscalía, ni la Procuraduría a pesar de que se observa en las calles largas filas que solo se ven en épocas electorales. 
Pero qué se le puede pedir al sistema judicial y a los organismos de control, cuando el procurador utiliza su cargo para perseguir, sin méritos, a funcionarios que militan en orillas ideológicas distintas a la suya, mientras pasa de largo las irregularidades que cometen aquellos que profesan su mismo credo político y religioso, incumple su mandato constitucional para imponer sus ideas personales y desobedece las órdenes de los jueces. Por su parte, el fiscal pierde legitimidad cada vez que abusa de sus funciones legales para defender el proceso de paz y atacar las reformas a la justicia. Termina involucrado en un caso de violación de los derechos fundamentales intentando montar cortinas de humo para esconder los escándalos de contratación de la entidad que dirige. Cuando el fiscal general de la Nación usurpa los espacios de la política, de manera irresponsable, abre una oportunidad para que cuando cumple sus funciones legales de investigación judicial se le señale de persecución. Así también, algunos magistrados y exmagistrados de las altas cortes se prestan para fallar sus casos o interceder por su buena agencia a favor del mejor postor. 
Adicionalmente, la justicia queda maniatada ante pruebas que no son válidas porque las grabaciones son ilegales, el testigo es un criminal, existe un cartel de testigos, matan al testigo, asesinan al periodista. Todo termina siendo presentado como un nuevo caso de persecución política, donde es imposible saber quién dice la verdad. 
Así, las posibilidades de elección del ciudadano quedan entre los señalados por corrupción, amiguismo, paramilitarismo, narcotráfico, entre otros delitos. Esa puede ser una de las razones por las cuales casi la mitad de las personas habilitadas para votar prefieren no hacerlo, porque no confían en nadie, porque ya no saben quién les dice la verdad y, posiblemente, son muchos los que creen que todos son culpables.