Hace cuatro años el presidente Juan Manuel Santos anunciaba que tendría un gobierno de unidad nacional al que le apostaron varios partidos que, aparentemente, tenían ideologías políticas contrarias, como podrían ser el Liberal y el Conservador. Varios analistas manifestaron que con la unidad nacional se pretendía alguna de estas dos cosas: 1. Buscar un acuerdo de paz, 2. Realizar las reformas estructurales que necesita el Estado colombiano (salud, pensiones, impuestos, educación, justicia, política). Santos, envalentonado de estadista, como llegó a su primer mandato, decidió jugarse por las dos opciones. No calculó la dimensión de lo que estaba planteado en términos políticos y lo que esto iba a costar en materia de cuotas, puestos, contratos y alianzas.

El pasado domingo, en su discurso ante el Congreso apareció un Santos menos ambicioso, más consciente de la materia prima con la que trabaja y más seguro de que cualquier negociación con el poder legislativo está cargada de intereses que la hace muy costosa.

Colombia sigue necesitando las reformas, son fundamentales para conquistar el Estado garantista y moderno del que el presidente Santos pretende ser el padre. Estas no se consiguen ni con el proceso de paz, ni con la constituyente que podría resultar de los acuerdos de La Habana. Las reformas requieren desarrollarse en el detalle que la ley y los decretos deben darle y eso solo se logra pasando estas iniciativas por el Congreso.

El discurso del presidente en la instalación del Congreso dejó la impresión de que ha tirado la toalla para hacer las reformas fundamentales que Colombia necesita. Solo se refirió a la necesidad de avanzar con dos proyectos de ley estructurales: el marco jurídico para la paz y la reforma al sistema político y judicial. En esta última, al parecer, decidió incluir los dos temas en un solo paquete, seguramente para abaratar los costos de transacción que implica la aprobación de una reforma como esa, de donde comen tantos padres de la patria, y a su vez, tantos políticos regionales.

A pesar de que el Gobierno sigue teniendo mayoría en el Congreso, la cual se mantiene bajo la frágil estabilidad de puestos, cuotas, contratos y favores, a la dura y juiciosa oposición del Polo Democrático se une la del Centro Democrático que promete ser férrea, inflexible y casi despiadada. Por su parte, los verdes tampoco parecen aliados completos del Gobierno y han manifestado que solo aprobarán aquellos que parezcan beneficioso para la paz o para la consecución de esa utopía del Estado moderno y garantista. Sin embargo, la líder de la bancada del Partido Verde abandonó el recinto del Senado, como protesta, cuando se leía una carta enviada por el jefe de las Farc.

Y es que la composición del actual Congreso no solo preocupa por razones de gobernabilidad y la posibilidad, o más bien la imposibilidad, de hacer las reformas que este país necesita, sino también por las calidades y capacidades de las personas que lo integran. Según la Comisión colombiana de Juristas, 26 de los congresistas reelectos han tenido investigaciones por parapolítica. Para el portal la Silla Vacía, 24 parlamentarios son herederos políticos de personas que se encuentran condenadas, 37 tienen cuestionamientos y 19 tienen relación con personas investigadas en casos de corrupción o nexos con grupos ilegales. Para este medio, el Congreso solo cuenta con 3 miembros expertos en justicia, 2 en educación, 2 en economía, 8 en salud y 5 en conflicto armado.

Con la experiencia del primer periodo de gobierno, el presidente Santos pudo comprobar que este Estado no tiene la madurez política para realizar las reformas que se necesitan para ser un país moderno y garantista. Al final, seguimos todos, incluso el presidente, a merced de unos cuantos que capturaron el Estado a su favor. Al parecer, esta situación no es susceptible de transformación en los próximos cuatro años, ni en los ocho siguientes y será aún más difícil de superar si, por motivos de gobernabilidad, se sigue transando con aquellos que se han tomado la cosa pública como bienes personales.