Tengo varios amigos que están convencidos de la importancia de hacer un aporte a la sociedad mediante el ejercicio, durante un tiempo, de un cargo público. Algunos ya lo han hecho y, en la mayoría de los casos, han terminado con más de una investigación, pagando abogados con los ahorros que tenían para comprar casa, educar a los hijos o emprender un negocio y odiando el ejercicio de lo público.

Sé que es muy difícil generar empatía con aquellos que de una u otra forma ejercen o han ejercido el poder. Ese es otro de los problemas que se desprende de ese servicio social, y es que de una u otra forma todos hemos sido agredidos por un funcionario que investido de algún grado de poder nos ha manifestado que no podemos hacer esa petición, que el Estado no presta ese servicio o que abusan de la norma amparados en su falta de claridad o en su abierta injusticia. Así empieza el karma del buen funcionario público, quien desde el inicio tiene en su contra la presunción de culpabilidad. Una importante porción de la población considera que si el servidor público no es corrupto por lo menos es mediocre.

La situación empeora entre más alto sea el cargo, el ejercicio del poder o la asignación presupuestal. De hecho, en la última elección de ministros hemos visto el apetito de los partidos tradicionales por quedarse con las carteras con mejor presupuesto. Los políticos se han cartelizado, así como lo han hecho las empresas de pañales, para quedarse con el mercado de lo público y no dejar que entren más competidores, menos aún si ofrecen una renovación de la forma en la que se ejerce el poder público. El que viene de afuera dispuesto a cambiar lo establecido, a dar una nueva visión, a prestar un verdadero servicio social, se convierte en una gran amenaza para el sistema político tradicional y como tal es tratado.

Los organismos de control que por su sistema de elección suelen estar controlados por los que ostentan el poder, se convierten en los principales caballos de batalla contra aquellos que buscan una renovación: empapelarlos y ponerlos a subir y a bajar escaleras en los edificios de las ías -Contraloría, Procuraduría y Fiscalía- es un primer paso para aburrir al recién llegado a la política. La práctica es tan conocida que ahora solo la amenaza de investigación es suficiente para aburrir a cualquiera. Así pues, los más valientes duran un período y salen llenos de investigaciones a gastarse sus ahorros en abogados.

Adicionalmente, otro costo de tener una justicia tan acomodada a los intereses de la clase política es que sirve para que cualquiera que tenga cuentas pendientes salga del país a buscar asilo político o simplemente para evadir sus responsabilidades. Es decir, cualquier pícaro se ampara en el desastre de la administración de justicia para no responder por sus faltas. Por eso se ha puesto de moda la cancelación de los pasaportes.

Por último, quiero dejar en claro que existen buenos funcionarios públicos, conozco varios y sé que ustedes también. Sin embargo, la posibilidad de que gente nueva y distinta preste por un tiempo sus capacidades y habilidades al servicio de lo público es cada vez más reducida. De ahí la dificultad de los partidos independientes de conseguir buenos candidatos para cargos como las alcaldías y las gobernaciones. Ser un funcionario público al servicio de lo público se ha convertido en un karma que muy pocos están dispuestos a vivir.