En el año 1999 la Sala Plena de la Corte Constitucional, máxima instancia jurídica del país, sentenció de tal forma que quedó en entre dicho el espacio público en Colombia (Sentencia SU.601A/99). 
Esta sentencia cita el Artículo 82 de la Constitución que dice: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”. Y a renglón seguido detecta la esencia del problema: “que existe una tensión concreta en torno a la prevalencia de dos derechos de rango constitucional: el derecho al espacio público, como concepto que predomina sobre el interés particular, y el derecho al trabajo de quienes se valen del espacio público para ello. 
Y para concluir un trabajo mal hecho, introducen el bello concepto jurídico de la legítima confianza, originado en Alemania, uno de los países con mayor ingreso per cápita y donde técnicamente no existe la pobreza, un precepto que protege al particular ante los cambios imprevistos en la legislación. Para el caso colombiano esto significa que si alguien tiene un permiso para algo, el Estado no se lo puede anular de la noche a la mañana. 
De esta forma el alcalde y el Concejo que por artículo 313 de la Constitución vigila y reglamenta el uso del suelo, quedan maniatados, ya que todo desalojo en busca de hacer primar un derecho colectivo sobre uno particular y recuperar el espacio público, queda bloqueado por la interposición de la legítima confianza. 
Para, dizque, conciliar, yo diría lavarse las manos, la Corte “ha ordenado que las autoridades respectivas implementen planes y programas que permitan la coexistencia armónica de los intereses que colisionan, toda vez que tampoco se puede desconocer”, como se verá, “el fenómeno social que conlleva esta economía informal”. Y para insistir en el tema la Sentencia T-225 de 1992 le indica al Estado que debe: “propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar”. 
Se ve lo difícil que es implantar un Estado Social de Derecho cuando no se cuenta con una economía sólida que automáticamente le garantice los derechos básicos a su población. Para el caso colombiano se atribuyen unas funciones de Estado desarrollado y rico, perdiendo de vista que en Europa el Estado Social de Derecho le imponen a todos sus ciudadanos una tributación de alrededor del 35% de sus ingresos para sustentar lo social, y no despilfarra los recursos petroleros en subsidios contraproducentes. 
No cabe duda que cada vendedor ambulante del Centro Histórico con su trabajo arduo alimenta una familia, pero el problema de la pobreza y del desempleo en Manizales no se soluciona sacrificando el espacio público del sector más destacado de la ciudad. Manizales trató en varias oportunidades de solucionar concertadamente el problema de los vendedores ambulantes cumpliendo con la ley creando el “Vickycentro” “reubicándolos” en un extremo del Centro; en otra Alcaldía surgieron los armarios metálicos, puestos que en su mayoría han violado los acuerdos porque los han expandido, invadiendo de nuevo el espacio público, con total irrespeto ante la ciudadanía que les cedió un espacio para su sustento particular. Vemos que a pesar de cumplir con la ley, de tener sensibilidad social, la ciudad no ha podido solucionar nada. 
A los megajueces en Bogotá les faltó involucrar un tercer derecho fundamental, que es la salud, ya que no hablaron de la salubridad o calidad de los alimentos del 79% de los puestos que no cumplen ninguna norma, poniendo en grave riesgo la salud de las personas que los ingieren. 
El espacio público del Centro Histórico fue captado por el desorden que rige en la Galería. Si en la Galería hubiese una política sólida adaptada a las necesidades reales de la gente que opera la despensa de la ciudad, no las de las mafias, la carrera 23 no presentaría el triste estado de deterioro que se le impuso. Esto no es culpa de los vendedores de la Galería, es culpa de las alcaldías y los concejos que han hecho poco, y nunca proyectado a futuro, para recuperar ese portento que es la Galería. 
¿No es curioso que el trabajo de la gente más desvalida se convierta en un problema, cuando debería ser todo lo contrario: el trabajo como fuente de bienestar y riqueza nacional? ¿No es grave que no tengamos espacio público y la gente trabaje sin seguridad social al sol y al agua?