En todos los países se construyen viviendas subsidiadas por el Estado. En Colombia ello ocurre desde el BCH (1932) y el ICT (1939). Dichos subsidios obedecen a que muchos no tienen con qué comprar casas o apartamentos que carezcan de aportes oficiales gratuitos, recursos que también sirven para promover los negocios de la construcción -tierras, materiales, capital financiero, constructores. Y son políticamente muy eficaces porque aparentemente prueban lo mucho que quieren a los pobres los mismos responsables de su pobreza: "Ustedes no saben que promovemos los TLC -por ejemplo-, pero sí saben el nombre del partido y el número que hay que marcar a cambio de darles o prometerles una casita". El truco clientelista del anzuelo y la carnada. Luego es una viveza presentar como si fueran una gran cosa las viviendas con subsidios, cuando ello es apenas tan obvio como que el Estado, con los impuestos de las clases bajas y medias que son las que los pagan casi todos, gaste en salud, educación y vías. Son los detalles, entonces, lo que hay que evaluarle al plan de las cien mil viviendas gratis de la reelección.

Lo primero es señalar que la política de vivienda aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo no es la de las cien mil gratuitas, proyecto que Santos solo le presenta al país en abril de 2012, ¡veinte meses después de empezada su administración! ¡Improvisaron con un gasto de cuatro billones de pesos! Y lo hicieron cuando las cifras demostraban que Santos no cumpliría su primera promesa.

Pocos colombianos además saben que con el pretexto de las casas gratis se aprobó a las volandas la Ley 1537 de 2012, cuyo verdadero fin fue modificar de fondo el negocio de la vivienda subsidiada. En adelante, los recursos públicos para estos proyectos tienen que pagarle peaje al capital financiero -a través de las fiducias-, como ocurre con los cuatro billones de pesos de las viviendas gratuitas, que hoy alegran al primer banquero del país. Y la ley también impuso concentrar en las mayores empresas constructoras este negocio, al exigirles financiar las construcciones. No es casual, por tanto, que solo 13 empresas se hayan quedado con los contratos de la mitad de las viviendas gratuitas. Otra jugada pro monopolio en el sector, como la que prohibió los anticipos.

Como tenía que ocurrir en este gobierno, Santos y Vargas Lleras recorrieron el país prometiendo que entregarían las cien mil viviendas en 2013, mentira que dijeron a sabiendas porque en el Documento Conpes 3740 de 2013, ellos mismos establecieron que se entregarían así: 12.000 en 2012, 35.000 en 2013; 28.000 en 2014 y 25.000 en 2015. Y cuando un boletín de mi oficina informó que no se cumpliría la promesa pública de Santos y Vargas, luego de que el Ministerio de Vivienda me certificara que apenas llevaban 10.353 a noviembre pasado, hay que ver la grosera matonería en contra mía del ministro Luis Felipe Henao, así como su dedicación a encubrir a sus patrones.

El 12 de diciembre, poco después de certificar las escasas 10.353, Henao logró que Portafolio le titulara que en 2013 "entregaría" en total cuarenta mil viviendas gratis, cifra que el ministro no pudo demostrarme en carta del 23 de diciembre, y de todas maneras inferior en 60 por ciento a lo prometido. Ante tan burda manipulación, le solicité a Fidubogotá, la empresa del Grupo Aval que intermedia los cuatro billones de pesos de este gran negocio, que me certificara cuántas viviendas les había pagado contra entrega a 31 de diciembre a las empresas constructoras. Y ahí empezó la que puede ser la peor parte de esta historia.

Porque ya van cuatro meses (escribo el 24 de abril) en los que Fidubogotá y el ministro Henao se niegan a entregarme la información, con lo que sabotean el trabajo de un senador que cumple con su deber de hacerle control político a las cifras de un gobierno al que la Constitución le ordena informar oportuna y verazmente, dentro del respeto a la moralidad administrativa. Y el tapen-tapen ha ido más allá: Fidubogotá -con la complicidad del ministro de Vivienda- se ha negado a enviar los informes mensuales y el semestral sobre el desenvolvimiento del conjunto del negocio de los cuatro billones. Es obvio que si el intermediario financiero y el ministro no están en condiciones de informar cada detalle de cómo gastan una suma enorme de recursos públicos, deben renunciar al contrato y al cargo, porque su indignidad los inhabilita para esas funciones.