¿Cuál es la relación entre la clase política y los determinadores de la fracasada orientación económica nacional, fracasada en el sentido de un capitalismo que apenas crea 5.300 dólares per cápita al año (dólar a $3.000) y genera extrema desigualdad social? Según Alejandro Gaviria, “Desde los años sesenta al menos, un arreglo pragmático, un pacto implícito, ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia: los partidos políticos tradicionales han permitido o tolerado un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía a cambio de una fracción del presupuesto y la burocracia estatal, a cambio de auxilios parlamentarios, partidas regionales y puestos. Para bien y para mal, el clientelismo ha sido el costo pagado por la ausencia de populismo”. Y Rudolf Hommes: “El clientelismo ha sido una decisión consciente de las élites, y es un mecanismo que se utiliza para comprar respaldo, preservar el sistema y debilitar a los adversarios políticos”. 
Entiéndase por “populismo” lo que contradiga a los tecnócratas que determinan la macroeconomía que les conviene a “las élites”. ¿Quiénes conforman esas élites? Imposible demostrar que de ella haga parte el conjunto del empresariado industrial y agropecuario, dado el profundo atraso del país y la quiebra a la que lo han sometido desde 1990. Pero eso sí, nunca han faltado los banqueros, los grandes importadores, la alta burocracia estatal y, sobre todo, las trasnacionales. Y a tecnócratas solo pueden aspirar quienes estén dispuestos a bailar la música que tocan los creadores del Consenso de Washington. 
El “arreglo” no podía ser más perverso. La clase política aprueba hasta el peor engendro que conciba el gobierno y este le paga otorgándole el derecho a usar el gasto público -contratos y burocracia- para obligar a los electores a respaldarla. Componenda tan vitanda tenía que sabotear el potencial de desarrollo del país y corromperlo hasta la médula. Porque por causa de ella, además, tenían que llegar a la competencia electoral enormes recursos privados, legales e ilegales, para poder disputarse el poder con los que controlan la mermelada. Una vez entrados en gastos ¿por qué habrían de pararse en pelillos para recurrir a todas las formas de fraude y corruptelas políticas y electorales? Y que no quede duda de que el presidente es el capo de todos los capos del clientelismo, al igual que el jefe de la tecnocracia, con la que comparte su adicción a servirle a la “élite”. 
Colombia quedó bajo el control de quienes montaron un “arreglo” en el que sus miembros separan su suerte personal de la suerte de la nación, de forma que a ellos les va bien aunque al país le vaya mal, y logran que, por ejemplo, las gentes del agro voten por ellos, a pesar de que los sacrifican con los TLC. Y como parte del contubernio, la crítica a la archiconocida corrupción política y electoral no se les presenta a los colombianos como un problema estructural de la partidocracia, sino como el caso de unas manzanas podridas que en cada elección genera el rito de estigmatizar a un par de chivos expiatorios, dentro del espíritu gatopardista que el mismo “arreglo” le ha impuesto al país. 
De esta manera, la llamada democracia colombiana es algo así como el engendro que saldría de sacarle una cría con plutocracia, partidocracia y cleptocracia. Lo nuevo desde 1990 es que excluyeron de “la élite” del “arreglo” a los que ya no caben dentro de las fórmulas de libre comercio definidas por Washington, es decir, a los empresarios industriales, agrícolas, de servicios y de todo tipo que no posean talla monopolística, al igual que a los productores urbanos y rurales de bienes transables, por grandes que sean, que hayan determinado producir en países diferentes a Colombia. 
Ante la realidad de este “arreglo” monstruoso, contra el que, con todo honor, se creó el Polo Democrático Alternativo, cuán grotesca resulta la campaña en contra suya en Bogotá y en Colombia por parte de quienes, abierta o solapadamente, participan en la manguala que despoja al país de toda posibilidad de prosperar en serio. 
Coletilla: Los problemas de movilidad son graves en todo el mundo. Por ello el Estado la reglamenta en todas partes. Y ahora sale Uber a imponernos como falsa solución la piratería entre los taxis -disfrazándola de legal porque usa internet, tarjeta de crédito y a una trasnacional-, lo que puede arruinar a decenas de miles de familias y llevar al caos a las ciudades. Hay que atender los problemas del tránsito, pero legalmente y con el concurso de pasajeros, propietarios de taxis y conductores (ver análisis técnico: http://bit.ly/1UZ4Igi).