La decisión de la Corte Constitucional de echar abajo la destinación de recursos de emergencia para el archipiélago de San Andrés y Providencia paró en seco y en forma traumática el desarrollo del plan que se ha concebido para mejorar significativamente la situación económica y social de las islas sin que el Gobierno haya reaccionado o dado luces sobre cómo va a responder por la financiación de los proyectos que estaban en curso.

Ha causado mucha extrañeza que el resto de la ley que se aprobó con el mismo trámite haya sobrevivido el examen de la Corte, y que solamente los recursos que estaban destinados a resolver una situación de emergencia de un territorio amenazado hayan sido afectados, como si este tribunal hubiera utilizado bisturí para cortar a los más débiles. También ha llamado la atención que el gobierno no haya intentado solucionar esto en el presupuesto.

La decisión de la Corte y la (in)decisión del Gobierno se prestan para que la comunidad isleña se sienta desatendida y promueven una sensación de que la sociedad colombiana sigue sin entender la importancia del archipiélago para la nación en momentos en los que está en juego la soberanía sobre un área geográfica que históricamente ha sido colombiana.

Es todo lo que quedaba de una región mucho mayor que le pertenecía a Colombia (Eduardo Wills Olaya, ‘Problemas fronterizos, ¿Tiene Colombia políticas definidas sobre fronteras? ¿Las Conoce el pueblo colombiano?’, Sociedad Naval de Colombia, pp. 35-38) y que se fue perdiendo desde finales del siglo XIX por la indiferencia de las autoridades andinas y la escasa importancia que le concedían a las minorías angloparlantes y a las economías de la costa Caribe de Centro América.

Este descuido irresponsable de la región fue aprovechado antes y después de la intervención norteamericana en Panamá por las naciones centroamericanas para anexar territorios colombianos y absorber con indiferencia a una etnia de esa región que es la misma que hoy se define como ‘raizal’ en el archipiélago colombiano, en donde también ha sufrido tradicionalmente por la negligencia del poder central.

Si esto tuvo o no su origen en el etnocentrismo o en la venalidad de las élites conservadoras de entonces es algo que todavía se discute, pero la ceguera cultural que causa lo primero es el lastre que impide ver que el archipiélago es una pieza clave de nuestra geopolítica y de nuestra soberanía en el Caribe.

Para afirmar dicha soberanía, el primer paso debe ser promover un acelerado desarrollo social y económico en el archipiélago que debe comenzar por incorporar plenamente a la población raizal y restablecer el imperio de la ley y el buen funcionamiento de la justicia en las islas.

La decisión de la Corte y la indiferencia de las autoridades responsables no auguran que esto sea posible. Tampoco lo augura la ineficacia de la policía, la Fiscalía y el sistema judicial para frenar el creciente control que ejercen allí con métodos de terror las bandas criminales (si no pueden controlarlas en territorios tan pequeños como el de Providencia, donde han asesinado y descuartizado a un joven con repugnante sevicia, ¿qué se espera que hagan en el resto de la nación?).