Las dificultades vividas por los caficultores se le suelen adjudicar a una falta de gestión institucional, y tanto autoridades gubernamentales como críticos de oficio plantean cambios sin sentido por puro desconocimiento de la realidad, o con propósitos perversos. Es común este desconocimiento por parte de las autoridades, pues desde un cómodo escritorio en Bogotá no es posible entender lo que acontece en las zonas rurales. Lo desconcertante es cuando las críticas provienen de exfuncionarios de Federacafé que cuando devengaron del bolsillo de los cafeteros se dedicaron a construir capital político para futuros propósitos electoreros y nada bueno hicieron por los caficultores.

Bienvenidos los cambios que contribuyan a mejorar las condiciones de los productores, pero no aquellas propuestas con intenciones soterradas de apoyo a intereses particulares. El Fondo Nacional del Café y la Federación Nacional de Cafeteros siguen siendo elementos insustituibles de la política cafetera colombiana y son las únicas instituciones con capacidad probada de construir tejido social en zonas rurales en un escenario de post conflicto.

Cada época de crisis ha llevado a los últimos gobiernos a nombrar comisiones independientes de estudio de la situación de la caficultura, con el supuesto propósito de mejorar la competitividad del productor, pero desafortunadamente muchas de sus recomendaciones han tenido el sesgo de favorecer solamente al sector exportador. No hay que olvidar que la Federación fue creada para dar poder de negociación a los cultivadores frente al de las multinacionales exportadoras -hoy dueñas de la mayor parte del mercado exportador privado colombiano-, que dominaban la comercialización del grano y ponían a su antojo el precio que se pagaba al productor.

En el año 1993 la administración Gaviria convocó una comisión mixta para el estudio del café con el propósito de analizar la situación de la caficultura y formular recomendaciones para el manejo cafetero. Se sugirió allí el retiro de la función exportadora de la Federación por encargo del Fondo, pero se desvirtuó puesto que implicaba la pérdida de poder de negociación a nivel del comercio mundial. La función exportadora de la Federación es vital para mantener la garantía de compra, la cual está dirigida a corregir las imperfecciones de mercado y a reducir los costos de transacción a los productores de café. Es por ello que éste es el bien público cafetero más apreciado por los caficultores.

En el año 2001, bajo la administración Pastrana y estando como ministro de Hacienda el presidente Santos, se creó una nueva comisión para que analizara la difícil situación que atravesaba el sector por la coyuntura de bajos precios internacionales. Luego de un juicioso diagnóstico, la comisión recomendó evitar a toda costa el deterioro de las zonas cafeteras pues esto representaba una amenaza al interés público. Para ello consideró que era indispensable que el Gobierno Nacional garantizara la asignación y el financiamiento de ingresos complementarios para los caficultores o AGC. El Estado tenía y tiene la obligación de invertir recursos públicos adicionales para preservar el capital social acumulado por décadas en las zonas cafeteras, no solo como un acto de justicia sino también para evitar un mayor gasto público remedial futuro para enfrentar la inseguridad y la pobreza. A partir de allí el Fondo se concentró en tres funciones institucionales, siendo estas la garantía de compra y comercialización, la provisión de servicios y bienes públicos, y la estabilización del ingreso.

En el año 2013, y como un paliativo desesperado para frenar el paro cafetero, el Gobierno del presidente Santos creó una nueva comisión con el objeto de definir una estrategia para la competitividad de la caficultura. Los argumentos que supuestamente hacían necesario el estudio eran la baja productividad en Colombia, y la reducción de la producción a cifras por debajo de los 8 millones de sacos mientras otros países productores crecían en productividad, volumen y participación. Hoy, un año después de iniciados y aún no concluidos los sesgados estudios de la impuesta y desordenada misión, el escenario es totalmente contrario, en Colombia creció la producción en un 25% en el último año, la productividad subió a 15 sacos por hectárea y los países competidores, casi sin excepción, sufren caídas en su producción. A la misión no se le ocurrió analizar el mercado cafetero, ni la sostenibilidad ambiental, ni se le pasó por la mente revisar el estado del parque cafetero colombiano, ni que la caída en la producción se debía a condiciones climáticas adversas y no a ineficiencia de los productores.

Le restó además importancia a la revaluación como factor que impide al productor ser competitivo. Por eso el estudio y sus resultados carecen de rigor y veracidad.

Ya han salido a la luz pública algunos adelantos de los resultados de la misión. Que no es necesaria la garantía de compra, que la Federación no debe administrar el Fondo, que el servicio de extensión privado es innecesario pues el Estado es responsable de este a través de las UMATAS, y que la Federación debe convertirse en un simple exportador privado sin participar en la regulación y el control de calidad. Ninguna de estas recomendaciones mejoran la competitividad de los productores, por el contrario van en contra de la viabilidad del sector y muestran claramente el propósito recurrente del sector exportador privado de quedar solo en el mercado para poderle pagar al productor un menor precio, como ha pasado muchas veces en zonas donde eventualmente la Federación cierra sus puntos de compra por razones de orden público.

Hoy la cadena comercial se queda con el 93% de lo que paga el consumidor por un buen café colombiano y a la comisión le parece poco. Que la Federación y el Fondo nos protejan.

* Representante por Caldas en el Comité Nacional de Cafeteros