Puntos clave en fallo a favor de Aristizábal, exgobernador de Caldas

LA PATRIA | Manizales

El fallo final de la Procuraduría General de la Nación en el caso del exgobernador de Caldas Mario Aristizábal deja puntos claros. Uno tiene que ver con que el mandatario en su momento no tenía que declararse impedido para nombrar delegada para la junta de la Empresa Departamental de Salud (Edsa), celebrada el 6 de enero del 2009.
Ese día se firmó un otrosí o modificación del contrato con la empresa Susuerte, de lo cual se presumía un detrimento patrimonial para el Departamento cercano a los $9.300 millones en favor de la casa de apuestas. En esto se redujo el total de las transferencias que tenía que entregar a la salud, la empresa chancera, por el tiempo de la concesión.
Otro aspecto está relacionado con que Aristizábal no tenía un conflicto  actual y real de intereses con Susuerte. "Esto significa que Mario Aristizábal no influyó en la firma del otrosí", indica Rubén Darío Henao, abogado del exmandatario.
La queja la interpuso Pilar Ruiz Vera por los presuntos hechos de impedimento del exmandatario para formar parte de la junta de Edsa por tener vínculos comerciales con Susuerte. Además, por la que consideró extralimitación de funciones al permitir que un representante de Fasecolda y la secretaria privada de la Gobernación sesionaran como miembros de la junta, sin tener la designación correspondiente.
La queja se originó en que socios de Inversiones la Estrella, accionista de Susuerte, le compraron unos predios a Aristizábal de una finca cafetera, antes de que este asumiera como gobernador.
Hay que recordar que a Aristizábal la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 10 años, en decisión de primera instancia, el 26 de enero del 2012.
Antes, en septiembre del 2011, la Contraloría suspendió a Aristizábal como gobernador, a tan solo tres meses de terminar su mandato, por considerar que podría afectar la investigación. El periodo lo terminó Francisco Prieto.

El comienzo
Las primeras investigaciones sobre el presunto detrimento patrimonial para el Departamento, por la firma del otro sí con la casa de apuestas, las inició LA PATRIA.
La Contraloría General de la República abrió el proceso el 12 de abril del 2011, cuando Aristizábal aún estaba en el poder. El 29 de enero del 2013 la entidad les imputó a los implicados su presunta responsabilidad en el detrimento patrimonial, considerando que el otro sí implicó que Susuerte, empresa que maneja el chance en el departamento, redujo las transferencias de unos $ 50 mil 497 millones en el período del contrato, a unos $ 40 mil millones.
Ese mismo año la Contraloría anuló las actuaciones adelantadas desde el 29 de enero. La decisión ha tenido como fin garantizarle el debido proceso a Adolfo León Mejía Grand, quien era gerente de la Empresa Departamental para la Salud (Edsa), para la época de los hechos.
Sobre Mejía Grand la Procuraduría decidió modificar la sanción que le fue impuesta, en primera instancia, consistente en suspensión del cargo e inhabilidad especial por 12 meses. En la definitiva se le impone suspensión del cargo por 12 meses.   

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Reacción del exgobernador
Mario Aristizábal
"Muy contento y satisfecho de haber recibido favorablemente la absolución. Nosotros siempre actuamos de buena fe. En el caso de Susuerte lo hicimos con base en directrices de la Superintendencia de Salud. Desafortunadamente la suspensión fue un golpe muy grande para mí y mi familia. Además, siempre fue una persecución para mi administración, perdí a mi familia y el departamento perdió el ritmo de desarrollo que tenía. El fallo fue contundente, serio y responsable. Todo un viacrusis completo. Pero lo más difícil es que mi padre se fuera al cielo sin conocer la verdad. En mi administración les demostramos a los caldenses que las cosas se pueden hacer bien, hoy las vías son mejores para llegar a los municipios con un plan que comenzamos en el 2008. Villamaría tiene su cable aéreo y dejamos unos combos de maquinaria para el mantenimiento de las carreteras, sobre todo las rurales".

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Algunas conclusiones
La Procuraduría General de la Nación en las conclusiones del fallo resalta aspectos como los siguientes:

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"Encuentra infundado el cargo de conflicto de intereses, pues no encuentra cómo pueda verse alterada, de algún modo, la objetividad e imparcialidad de Aristizábal cuando la decisión por tomar en la Junta Directiva del 16 de enero del 2009 (es decir sobre el otrosí al contrato con Susuerte) no estaba ligada a su juicio sino al de las personas que le antecedieron en el cargo de presidente y al concepto técnico emitido por la Supersalud". 

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"Tampoco se aprecia que con la participación de Aristizábal en la junta directiva de Edsa el 16 de enero del 2009, que materialmente no se dio, pudo haber afectado el interés general y favorecido el interés particular de las personas jurídicas (sociedades anónimas) que en el pasado tuvieron relación de negocio y de los que eventualmente pueda suscitarse una demanda como consecuencia de las obligaciones contraídas por el investigado, si las decisiones que le favorecían no fueron tomadas por el implicado y tales se hicieron siguiendo los parámetros de la autoridad competente".

Foto | Archivo | LA PATRIA
Mario Aristizábal fue gobernador de Caldas de enero del 2008 a septiembre del 2001. En ese mes lo suspendieron para evitar que interfiriera en la investigación por el caso de Susuerte.