VANESSA SÁNCHEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Ocho campamentos hechos con plástico se empezaban a alzar ayer en la cancha de la parcialidad indígena de La Trina ubicada a las afueras de Supía (Caldas). Un camino escarpado y lleno de lodo impedía el paso de los yips que transportaban en sus techos personas y víveres de diferentes comunidades indígenas y campesinos del departamento.
La concentración en el sitio empezaba a crecer. Los niños corrían de un lado a otro, las mujeres preparaban un sancocho comunal, mientras la guardia indígena vigilaba el sector para que nadie diferente a ellos ingresara a la zona. Su propósito era instalar, después de mediodía, una asamblea general indefinida, entretanto reciben la orden para poder movilizarse por las carreteras de Caldas.
Martha Isabel Hernández, coordinadora general del Consejo Regional de Caldas (Cridec), señala que se agruparon en este lugar con el fin de exigirle al gobierno que se instale una negociación con los diferentes sectores sociales, populares, grupos indígenas, comunidades afro y campesinos con el ánimo de solucionar peticiones entorno a los territorios colectivos, reordenamiento territorial, minería y derechos humanos.
"Se habla de que desde 1996 se instaló una mesa nacional de concertación de pueblos indígenas y si se hace un balance de los 20 años que han trascurrido se han suscrito alrededor de 1.200 acuerdos, pero solo se ha cumplido el 2.9% deesas promesas, sin tener en cuenta otros pactos suscritos en otras movilizaciones nacionales", explica.
Agrega que también se han expedido decretos con fuerza de ley que se han quedado en el papel, y la situación que viven las comunidades indígenas va de mal en peor. "Caldas tiene 15 cabildos indígenas y de estos hay cinco que están en la miseria absoluta como el resguardo de El Totumal (Belalcázar), La Albania (San José y Risaralda), el asentamiento de Dachijoma (Anserma), la parcialidad de Ambacheque (Palestina) y la parcialidad El Palmar (Filadelfia)".
Esperan la movilización
Pese a que en diferentes vías del país hubo movilizaciones, en Caldasprefirieron esperar. De acuerdo con el coordinador del Cridec, desde ayer esperan la llegada de por lo menos 2 mil personas de diferentes cabildos para hacer las manifestaciones. Sin embargo, reciben directrices nacionales sobre si deciden o no protestar, pues si se llegan a acuerdos en la Cumbre Agraria es posible que retornen de nuevo a sus municipios.
Carlos Piedrahíta, secretario de Gobierno departamental, sostuvo que en el sector de El Palo (Supía) dispusieron de 300 uniformados más integrantes de la Defensoría del Pueblo para proteger la seguridad y las vías de Caldas. La fuerza pública hará presencia en el lugar para evitar desmanes y cierre de las carreteras.
Martha Isabel Hernández, coordinadora general del Consejo Regional de Caldas.
Contracara
César Jerez, vocero de la Cumbre Agraria, sostuvo que el gobierno tiene por enfoque considerar que las reuniones que se dan en la mesa de la Cumbre Agraria ya son acuerdos y significa que ya cumplieron.
"Uno se sienta en una mesa para negociar un acuerdo y este se cumple cuando empieza su ejecución. Hasta ahora hay unos pactos de confianza que se firmaron hace ya dos años, que es el Fondo de Promoción de Acuerdos Agropecuarios por un monto de $250 mil millones. El Gobierno tiene el compromiso de otros $250 mil millones para proyectos de infraestructura", señaló
Añadió que el Gobierno no solamente no ha cumplido con la Cumbre Agraria, y tampoco ha mostrado hechos con por lo menos siete mesas regionales que tieneen el país. "Yo lo que le diría al presidente Santos, al ministro de Agricultura,Aurelio Iragorri, al ministro del interior, Juan Fernando Cristo, que asuman una postura consecuente porque esto de firmar acuerdos y después no cumplir se tiene que acabar en Colombia", concluyó.
Ante el pronunciamiento, el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, sostuvo que hay 250 mil millones de pesos comprometidos que ya son objeto de suscripción de convenios y que se están ejecutando en este momento.
"El Gobierno también ha propuesto fórmulas para políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Nosotros creemos que en muchas de esas razones ya existen avances y queremos continuar. Esperamos muy pronto superar esta protesta agraria que reconocemos como el ejercicio de un derecho", afirmó Rivera.
Un muerto
Mientras avanzaban las protestas por el paro agrario, en Buenaventura se registró un muerto por enfrentamientos entre las comunidades indígenas y la Policía en el sector de La Delfina, sobre el kilómetro 43 de la vía que conecta a este municipio con el resto del país.
La víctima se trata de Willington Quibarecama Naquirucama, de 26 años, quien presuntamente habría sido arrollado por la tanqueta de la Policía cuando las autoridades intentaban impedir que se cerrara la vía.
Sin embargo, el coronel Camilo Álvarez, comandante de la Policía del Valle, desmintió la versión y dijo que la muerte es un caso aislado, porque al parecer, el hombre cayó de un puente y se habría golpeado con unas piedras.
Durante los enfrentamientos también resultó herido Manuel Jovel Dagua, cuando recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo, a la altura de la muñeca.
Guillermo Rivera, viceministro del Interior, señaló que solicitaron a las autoridades adelantar una investigación que permita establecer por qué ocurrió ese deceso y en caso de que pertenezca a las Fuerzas de Seguridad del Estado tendrán que someterse a las sanciones que la ley prevé. No obstante, aún no hay una versión oficial de los hechos.
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