ALBEIRO RUDAS
LA PATRIA | ANSERMA
Una prima de servicios que se paga a funcionarios de la Alcaldía de Anserma desde hace 23 años puede tener sus días contados. La administración, acogida a la ley de quiebras, presentó un proyecto de acuerdo al Concejo para derogar el acuerdo de 1989 mediante el cual se creó esa retribución.
Se benefician actualmente 43 empleados, y cuesta al año unos $45 millones, informó Juan Carlos Duque, secretario de Hacienda municipal. Consiste en un sueldo adicional que se cancela por mitades en los primeros 15 días de junio y en los primeros 20 días de diciembre.
Trabajadores como Maribel Flores García, de la Oficina de Tránsito local, están molestos porque consideran que no deberían perder ese derecho y que, según cuenta, nunca les anunciaron con anterioridad la toma de esa decisión. “Uno se da cuenta es por chismes de pasillo”, agrega.
El sustento
El jefe de la Oficina de Talento Humano del municipio, Carlos Mauricio Hernández Clavijo, afirma que se apoyan en un concepto del asesor jurídico de la Alcaldía, Humberto Cañón Padilla, con base en el cual presentaron el proyecto.
“Esta prima es ilegal y viola principios constitucionales”, asegura Hernández Clavijo. Recordó además que los entes territoriales, como asambleas y concejos, no están facultados para crear y modificar prestaciones sociales, ya que esta competencia es única y exclusiva del Congreso de la República.
María Eugenia Duque, presidenta del sindicato de empleados del municipio, afirma: “esta consulta ya se elevó a través de los asesores jurídicos de la organización sindical. De todas maneras es muy lamentable porque se vulneran los derechos de los trabajadores. Estamos ante un gobierno que quiere quitarnos los pocos incentivos que tenemos; es muy preocupante esta situación y debemos estar unidos para conservar al menos lo que ya tenemos”.
Una más
No es la primera vez que se da esta situación en Caldas. A mediados del 2010 el Consejo de Estado ratificó la nulidad del decreto con el que, en 1980, la administración de la entonces gobernadora Dilia Estrada decretó el pago de una prima de servicios para funcionarios. El motivo fue el cumpleaños 75 del departamento.
Casi tres décadas después el Gobierno Nacional demandó el decreto argumentando que “ni la Constitución Política anterior, ni la actual, ni la ley han facultado a la autoridad departamental para reglamentar lo relativo a aumentos salariales y prestaciones sociales”.
La justicia le dio la razón, y es de anotar que el argumento es similar al que esgrime el jefe de Talento Humano de Anserma.
Por eso 19 entidades del departamento debieron dejar de pagar la prima de servicios desde finales del 2010, incluso porque el contralor departamental de ese entonces, Carlos Manuel Llano, advirtió que en caso de hacerlo se podría incurrir en un detrimento patrimonial.
Hasta ahora el Concejo de Anserma no ha estudiado el proyecto y se espera que lo haga en un próximo periodo de sesiones ordinarias.
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