Un comunicado de cinco páginas y 13 puntos dio a conocer el Consejo Seccional de la Judicatura como rechazo a la Reforma a la Justicia, aprobada la semana pasada en el Congreso de la República. Cuatro magistrados de las salas administrativa y disciplinaria manifiestan que se dejan a un lado “los problemas estructurales que impiden la credibilidad en la justicia: impunidad, congestión y falta de acceso”.
Indican, por ejemplo, que es insuficiente establecer un juzgado en todos los municipios, pues se mantiene “la carencia de talento humano suficiente y calificado en las instituciones que hacen parte del sistema: Medicina Legal, Bienestar Familiar, Defensoría pública, Fiscalía, Policía judicial”.
Califican como desafuero las facultades que recibirán particulares para que desempeñen algunas funciones propias de los jueces, pues consideran que esto no ayuda a descongestionar los juzgados. “¿Qué beneficio trae (…) si en la segunda instancia retornarían a los jueces”, se preguntan. Además recuerdan que hay en marcha un Plan Nacional de Descongestión que ha presentado, según ellos, “resultados contundentes”.
Critican la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y concluyen que la reforma “no se ocupó para nada de la acción de tutela, ni definió cuál será el órgano de cierre en esta materia, con lo que se presume continuará el tan sonado choque de trenes entre las altas cortes con el consiguiente descrédito de la administración de justicia”.
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