Una mala pesadilla
Señor Director:
Para no excluirme totalmente de la invitación religiosa a reflexionar, decidí hacerlo sobre un tema de vital importancia para Caldas y desde luego para Manizales. Se trata de la Licorera. Parece una mala pesadilla leer en el periódico que el pésimo momento por el que pasa no se parece a otras crisis afortunadamente enfrentadas con éxito, sino que, la presente, de cuyo origen se conocen sus causantes, pareciera que dará al traste con nuestra emblemática empresa.
He tenido la satisfacción de estar en tres oportunidades en la junta de la ILC. Primero como gobernador en 1991. Durante dicho ejercicio la Licorera obtuvo un excedente de utilidades sobre las previstas en el presupuesto que nos correspondió ejecutar, de tal magnitud, que nos fue posible tramitar adiciones al mismo que permitieron que el Departamento se hiciera presente con recursos suficientes para contribuir a convertir en realidad el empeño de todos los alcaldes en adelantar las obras y/o programas prometidos en sus campañas. Lo hecho en nuestro gobierno, por eficaz y equitativo, fue considerado como un ejercicio ejemplar hasta varios años después de concluido. La segunda vez hice parte de la junta por designación del gobernador Tony Jozame en 1998. La empresa tuvo el manejo debido al punto que quien fue designado gerente pasó a ser su sucesor luego de una ardua pero exitosa campaña. La tercera y última, fue durante el gobierno del Dr. Emilio Echeverri Mejía, entre los años de 2004 y 2007, junta a la que tuvo el cuidado de invitar a distinguidos y exitosos empresarios -tres de ellos son actuales miembros- pues su misión era, no solo que la ILC continuara en su posición de liderazgo reconocida nacionalmente, sino que, en el gobierno del centenario del Departamento, fortaleciera la fuente de recursos que asegurara el desarrollo de su plan de gobierno. No tengo duda en afirmar que ese fue el cuatrienio estrella y que la Licorera, por lo menos en lo que el suscrito conoce, vivió su momento estelar. Un asunto especialmente importante consistió en que, con el liderazgo del gobernador y el eficaz desempeño del equipo al frente de la administración, desde un principio nos empeñáramos en el propósito, admonitorio por demás, de tratar de blindar a la Licorera de potenciales embates o desafueros de futuros dirigentes o gobernantes a su integridad financiera y empresarial. Se hizo un muy buen trabajo que, hoy, con lógica frustración, tengo que reconocer su absoluta insuficiencia respecto de la espantosa administración del gerente siguiente, hoy condenado por la justicia pero gozando de plena libertad ante el asombro de los caldenses que no entendemos por qué, al igual que parece estar sucediendo en otros casos similares en nuestro país, para quienes metieron las patas y también las manos no existe la ley o por lo menos les es eludible.
Las cifras que LA PATRIA publicó recientemente son indiscutibles. Los resultados durante la administración Echeverri fueron aumentando consistentemente año a año. Es más, me atrevo a asegurar que la razón de los buenos resultados del año 2008, siguiente a su terminación, tuvo origen en que Cajanal, como consecuencia de un reclamo hecho por la administración saliente, debió girar a favor de la empresa un monto cercano a los 30 mil millones de pesos. En cuanto a lo demás, desde el inicio del siguiente gobierno, la ILC comenzó a declinar y todavía hoy continúa rodando hacia un fondo aún incierto -el balance del ejercicio anterior fue aprobado sin el aval de una de las firmas de auditoría de más renombre a nivel mundial y sin la de varios miembros de la Junta-, y lo que causa sorpresa y desconsuelo es que en los análisis del caso no se menciona el nombre del gerente prófugo y menos el de quien lo designó. La ILC es una empresa vital para el departamento de Caldas. Eso lo sabe todo el mundo. De manera que quien ostente la investidura de gobernador tiene que saber a quién designa para ocupar el puesto y debe, sobre todo, vigilar su gestión. El cuento, manido por demás, de que quien es elegido por el pueblo puede delegar en otros sus responsabilidades, tiene que acabarse. Quien es elegido tiene que ser el primer responsable de los resultados de su gobierno y debe responder por ellos ante quienes lo eligieron. No se puede tolerar que estos mal llamados gobernantes pasen agachados cuando el barco se hunde por no haber sido el capitán que debió ser. Ahora bien, los caldenses tenemos derecho a saber qué acciones o ejecutorias fueron las que ocasionaron esta debacle y si fueron mal intencionadas o con propósitos de favorecimiento personal, como le fue probado al gerente condenado ¿Qué pasó con el suficiente y amplio capital de trabajo con que se contaba? ¿Por qué el alto pasivo actual? ¿Por qué, de contemplada por la banca y los aseguradores, la ILC es vista hoy con reserva y desconfianza? ¿Qué pasó con el fondo pensional, orgullo frente a otras entidades oficiales, cuyo monto bordeaba los cien mil millones de pesos? En fin, preguntas es lo que sobra.
Recuerdo que previa a la campaña que llevó a la gobernación a quien designó al gerente judicializado, a raíz de una declaración del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sobre su intención de privatizar la Fábrica de Licores de Antioquia -idea que al día siguiente contó con el apoyo del presidente Álvaro Uribe-, con la colaboración del Ministro de Hacienda en el año 2007, el hoy candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga E., tuvimos la oportunidad de conocer el equipo que concibió la metodología puesta en práctica con absoluto y total éxito para llevar a cabo la privatización de Ecopetrol. Lo anterior, no sin antes habérselo hecho conocer a la Asamblea Departamental a través de su presidenta, quien asistió a la presentación, y luego en una reunión convocada por el gobernador y su secretario de Hacienda a la que, si no asistieron todos los diputados por lo menos hubo mayoría, ya que la idea era que el proceso, de ponerse en marcha, debía ser lo más cristalino posible en cuanto a su socialización. Pues bien, la idea consistía en convertir la ILC en una sociedad anónima para posteriormente, vender la mitad más una de sus acciones a inversionistas nacionales o extranjeros que seguramente las demandarían. Todo abortó cuando, ya candidato, el citado exgobernador dejó saber su desacuerdo con la idea porque la consideró impracticable. El final de su gobierno, ya perpetrado el daño, sucedió debido a la suspensión de su mandato antes de completarse el período porque, según se supo, estaba empeñado, a cualquier costo, en negociar la ILC ya que ahí sí, había concluido que se requería de un socio estratégico. No tengo duda de que si hubiera permitido avanzar en la exploración emprendida en lugar de poner los palos en la rueda, todos podríamos decir hoy, con el orgullo de siempre, que “Caldas es nuestra mejor empresa”, como, paradójicamente, predicaba el lema de su campaña. Desafortunadamente eso no es posible y seguramente se tendrá que buscar un socio estratégico -o como lo quieran llamar- ahora cuando el valor de la ILC bordea el suelo, pues no se hizo, por intereses que es preciso investigar, cuando el mismo llegó a su máximo histórico. Qué horror y qué lástima.
César Gómez Estrada
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