Cansados de esperar las ayudas prometidas por el Gobierno ante su condición de vulnerabilidad, un grupo de víctimas de la violencia se agolpó ayer a las afueras de la Unidad Regional de Atención a Víctimas para exigir el cumplimiento de los compromisos.
De manera pacífica, los manifestantes se quejaron porque llevan meses y hasta años esperando la atención humanitaria a la que tiene derecho la población desplazada y que se distribuye en alimentos y subsidios para vivienda.
Esta situación fue reconocida por el propio director de la entidad en Norte de Santander, Luis Arturo Ferrer, quien aseguró que la priorización que desde el Gobierno Central se le da a los casos que van llegando a la Unidad ha hecho que los pagos que se deben entregar cada cuatro meses -correspondientes a un salario mínimo legal- se retrasen hasta ocho meses.
Sin embargo, el funcionario aclaró que en vista de que hay muchos que se han dedicado a vivir de esta ayuda, a partir de este mes, como lo establece la Ley de Víctimas, se eliminará la ayuda humanitaria para aquellos que llevan más de 10 años en condición de desplazamiento.
Lo que se busca es que, depués de dos años de haber sido desterrados de su tierra, estas personas empiecen a alcanzar una mejor condición y logren, por sus propios medios, una estabilidad económica que demande menos recursos del Estado.
Esta situación ha desatado el malestar de muchas de las víctimas que llevan años sin recibir el apoyo del Gobierno.
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