LA PATRIA | MANIZALES
A Bayron López Arango, natural de Sonsón (Antioquia), lo encontraron sin vida en la mañana del domingo, dentro de un calabozo de la estación de Policía de Anserma.
"Tomamos las medidas preventivas al ingresarlo a la sala de reflexión. Se le quitaron los cordones, la correa, pero no la ropa. Nunca se hace. Lastimosamente acabó con su vida colgando el pantalón en los barrotes", explicó el coronel Édgar Rojas, comandante Operativo de la Policía Caldas.
El oficial explicó que a eso de las 10:00 de la noche del sábado recibieron una llamada por la presencia de tres personas sospechosas, que discutían fuertemente entre ellas. Cuando los uniformados llegaron al sitio, dos escaparon y al otro, López Arango, lo detuvieron, "pues estaba en alto grado de exaltación".
Lo llevaron a la estación y entre la noche del sábado y la madrugada del domingo ocurrió la muerte. "Por transparencia, el CIT realizó la inspección técnica del cuerpo, pese a que la Sijín estaba de turno en actos urgentes. Se hará la respectiva investigación disciplinaria y el proceso ante la justicia penal militar", indicó el coronel.
Las autoridades se comunicaron con la esposa del fallecido en Medellín, donde vivía el occiso. Según la Policía, López Arango es mochilero y había discutido con su compañera sentimental. No sabían qué hacía en Anserma y si estaba solo de paso. Las exequias fueron ayer.
En mayo del año pasado, el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó indemnizar a la familia de Johan Steven Buitrago Naranjo, de 19 años, quien falleció el 9 de diciembre del 2012, mientras estuvo retenido en la estación de Policía de Riosucio. Lo aprehendieron porque destruyó unos vidrios. Se intentó ahorcar con la cobija, pero en el acta de inspección técnica se habló de múltiples signos de violencia.
El Consejo de Estado ha dicho que las personas recluidas se encuentran en una situación de especial deber de protección, "lo que hace responsable a las autoridades por los daños que se le causen durante la privación de la libertad".
Añadió que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para protegerlo y evitarle cualquier daño.
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