Esa noche del 30 de septiembre, el minero Jorge Andrés Blandón Quirama, estaba como endiablado. No solo insultaba y manoteaba en un barrio de Supía a su compañera sentimental, Diana Mejía Osorio, sino que cuando la Policía quiso calmarlo, arremetió contra un patrullero.
El desenlace: un uniformado con un golpe en el ojo y 15 días de incapacidad. La condena: cuatro años de cárcel por violencia contra servidor público para Blandón Quirama, a quien luego del fallo de esta semana del Juzgado Penal del Circuito de Riosucio, le emitieron orden de captura.
Pese a lo bajo de la condena, deberá pagarla en un centro de reclusión, pues según el Artículo 68, inciso 2, del Código Penal, no se concederá suspensión condicional de la pena, ni libertad condicional, ni prisión domiciliaria cuando las sentencias sean por delitos contra la Administración Pública (en este caso), estafa y abuso de confianza, que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.
Según el expediente, a las 6:30 de la noche de ese día, los patrulleros Rafael Giraldo Zamora y Óscar Eduardo Carvajal hacían ronda por la Galería de Supía. Desde la central recibieron una llamada en la que les informaban sobre una riña en la carrera 8ª con calle 18ª.
Rápidamente acudieron al sitio y encontraron una discusión entre Blandón Quirama y su compañera sentimental. El sujeto, en medio de insultos, trataba de agredirla y ella pedía auxilio.
Cuando los policías llegaron, el hoy sindicado les dijo: ustedes no están para resolver estos problemas, no sean sapos. Acto seguido, Blandón Quirama sacó su mano y le pegó un puño en el ojo izquierdo al patrullero Giraldo Zamora, quien al ver amenazada su integridad, tomó su bastón de mando y, con ayuda de su compañero, redujo al minero. Lo detuvieron por violencia contra servidor público.
Al afectado, tras la revisión en el Hospital San Lorenzo del municipio, le dictaminaron afectación de un ojo y cicatriz en la ceja izquierda. Lo incapacitaron. En la audiencia, el sindicado no aceptó los cargos, pese a que lo agarraron en flagrancia. El juicio se realizó a finales de febrero y esta semana le leyeron sentencia: cuatro años de cárcel. Ahora lo buscan para que los pague.
"Se busca proteger la autonomía de los servidores estatales investidos de autoridad pública, con el fin de que puedan cumplir con los funciones inherentes a su cargo. Lo demostrado por el ciudadano no solo traspasó el ámbito verbal, sino que alcanzó a afectar la legalidad y la autoridad del servidor público, en el momento de intentar calmar los ánimos y averiguar por los hechos denunciados", explicó el juez en su fallo.
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