LA PATRIA | MANIZALES

Dos años después de las capturas en el sonado caso del cartel de las licencias de tránsito en Caldas, por fin se continuará con la audiencia de formulación de acusación. Así lo estableció el Tribunal Superior de Manizales. Además, les pidió a los abogados defensores abstenerse de plantear peticiones dilatorias y al juez le recordó el deber de evitar que eso pase, para que exista eficacia en el ejercicio de la justicia.

Los abogados pidieron la nulidad del proceso y el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio la negó. Por eso apelaron ante el Tribunal.

El caso tiene que ver con una supuesta organización criminal, integrada por tramitadores, médicos certificadores y recepcionistas de Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), administradores de Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) y funcionarios públicos de organismos de tránsito, que tramitaban. Refrendaban y recategorizaban licencias de manera fraudulenta.

Ofrecían hacerlo, sin acudir a los exámenes de rigor, a cambio de dinero. Dependiendo de la edad o condición física del interesado, cobraban más. Adicional debía aportar fotocopia de la cédula, fotografía y el registro de la huella en un papel en blanco o lector biométrico.

Para saltarse algunos requisitos utilizaban software malicioso que evadía la seguridad, llegando incluso a suplantar la huella con otra persona, cuando esta resultaba ilegible. Luego, un médico ingresaba al sistema y, sin chequear al aspirante, certificaba la evaluación y aptitud para conducir.

Cuando se hacía trámite por primera vez, recolectaban documentación y adelantaban un proceso ficticio, en el que registraban las horas prácticas y teóricas de conducción, que nunca fueron impartidas. Con la firma digital del CEA lo inscribían en el Registro Único Nacional del Tránsito (RUNT).

Largo proceso

Por estos hechos, en Caldas, radicaron escrito de acusación contra cinco mujeres y tres hombres. A siete les formularon imputación entre el 5 y 6 de mayo del 2016 ante un Juzgado de Bogotá por concierto para delinquir (Entre 4 y 9 años de cárcel), acceso abusivo a un sistema informático (4 a 8 años) y falsedad material en documento público (4 a 9 años). No aceptaron. A cinco les dieron domiciliaria y a dos los dejaron libres. A la octava persona la imputaron en Pereira, negó cargos y le dieron libertad.

Luego, el escrito de acusación se radicó en Manizales, pero el proceso se envió a Anserma, donde se cometieron la mayor cantidad de conductas ilegales.

El 17 de noviembre del 2016, la Fiscalía retiró la acusación. La juez les dio libertad a los procesados y archivó el expediente. Nadie apeló. El 22 de noviembre, el ente acusador radicó de nuevo el escrito de acusación, pero la juez se declaró impedida porque la denunciaron penalmente por la anterior decisión tomada. Envió el caso a Riosucio, pero un auto determinó que retornara a Anserma.

El 18 de septiembre del 2017, cuando se intentaba retomar el proceso, los abogados de los señalados reclamaron que no se podía, porque esa audiencia ya se había hecho en Manizales y Anserma, se retiraron cargos y se archivó. "No se puede revivir una etapa procesal ya superada. No se puede hacer dos veces lo mismo", argumentaron.

La juez de Anserma aceptó. Fiscalía y Ministerio Público apelaron. El Tribunal ordenó seguir con el proceso. Sin embargo, otra vez la juez se declaró impedida. El caso pasó a Riosucio donde por fin se instaló la audiencia de formulación de acusación en mayo pasado, pero otra vez el grupo de defensores propuso la nulidad.

Finalmente el Tribunal se abstuvo de resolver la petición, pues consideró que no era susceptible de apelación. Ordenó que continúe el proceso, con los debidos llamados de atención para las partes. Se espera programar una fecha.

40 detenidos

• El operativo, con 16 allanamientos, permitió la captura de 40 personas en Cundinamarca, Atlántico, Tolima, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Huila y Caldas.
• Ocho implicados son de Anserma y Riosucio.
• Se incautaron de 21 memorias, 17 discos duros, un disco externo, 7 computadores, 9 historias clínicas, 3 computadores portátiles, 5 lectores biométricos, una cámara web y 122 documentos de tránsito.
• Los usuarios en Caldas pagaban entre $300 mil $800 mil de más, dependiendo de lo que requirieran.
• La Supertransporte adelanta 170 investigaciones administrativas en contra de Centros de Reconocimiento.
• En el país se evidenciaron 3.940 certificados ilegales de aptitud física, mental y de coordinación motriz para la expedición de licencias de conducción para servicio público.